Las universidades nacionales no comenzarán sus actividades académicas según lo previsto. En un plenario de secretarios generales, la CONADU aprobó hoy un cese total de actividades por al menos siete días. La protesta surge ante la negativa del Poder Ejecutivo de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de que la misma fue ratificada por el Congreso y cuenta con un fallo judicial a favor de su implementación.

Los puntos centrales del reclamo

El sector docente exige que se respete la normativa que el Gobierno Nacional intenta reemplazar con un nuevo proyecto de ley menos ambicioso:

• Actualización Salarial: La ley establece una recomposición retroactiva y un mecanismo de ajuste automático atado a la inflación.
• Gastos de Funcionamiento: Los rectores denuncian que los fondos actuales no alcanzan para cubrir servicios básicos, mantenimiento de laboratorios y becas estudiantiles.
• Incumplimiento Judicial: Los gremios remarcan que existe un fallo que obliga al Estado a girar los fondos, el cual está siendo ignorado por la administración central.

La contrapropuesta del Gobierno

Mientras los gremios endurecen su postura, el Ejecutivo Nacional busca avanzar con una nueva estrategia legislativa:

• Nuevo proyecto: El Gobierno aspira a tratar una ley alternativa tras el cierre de las sesiones extraordinarias.
• Fondos insuficientes: Según los gremios, el nuevo texto ofrece montos "muy inferiores" a los ya aprobados por el Congreso en la ley original.
• Amenaza de paro indeterminado: De no aplicarse la ley vigente, los docentes advierten que el ciclo lectivo 2026 podría quedar suspendido de manera indefinida.

Impacto en los estudiantes de Rojas

Para los jóvenes de Rojas que cursan sus estudios en la UNNOBA (sedes Junín o Pergamino) o en universidades nacionales de Rosario y Buenos Aires, esta medida representa un retraso directo en sus calendarios académicos. La incertidumbre sobre el inicio de las cursadas afecta también la planificación de alquileres y viajes, en un contexto económico donde los costos de mantenimiento fuera de la ciudad son cada vez más elevados.

La comunidad educativa regional permanece atenta a las negociaciones de los próximos días, ya que el 16 de marzo es la fecha límite para evitar que las aulas permanezcan vacías al comienzo de este año.