El Gobierno Nacional formalizó este lunes un avance clave en su plan de reforma del sistema vial argentino. Mediante la publicación en el Boletín Oficial, se dio inicio a la Etapa III de la "Red Federal de Concesiones", un proceso que busca que empresas privadas asuman la gestión integral de los principales corredores viales, incluyendo el mantenimiento y la ejecución de obras.
La licitación no solo contempla el cobro de peaje, sino que obliga a los adjudicatarios a realizar la construcción, reparación, ampliación y conservación de las trazas, además de garantizar la asistencia técnica y servicios al usuario.
Las rutas incluidas en la licitación
La medida abarca tramos críticos para la producción agroindustrial y el transporte de carga, afectando a gran parte del mapa nacional:
- Corredores estratégicos: Sectores de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105.
- Regiones afectadas: Los tramos comprenden las zonas de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.
- Administración: Estas rutas se encuentran actualmente bajo la órbita de Corredores Viales SA, la empresa estatal que el Gobierno pretende privatizar en su totalidad.
Fechas clave y plazos para las empresas
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, ya puso a disposición los pliegos técnicos y modelos de contrato para los interesados:
- Consulta de pliegos: Toda la documentación ya se encuentra disponible en la plataforma CONTRAT.AR.
- Fecha límite de consultas: Los interesados tienen tiempo hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13:00 horas.
- Presentación de ofertas: El plazo final para la recepción de propuestas económicas es el 18 de junio de 2026 al mediodía.
Hacia una privatización total
Esta convocatoria se suma a la lanzada la semana pasada (Etapa II-B), que incluía más de 2.500 kilómetros de rutas en cinco provincias. El objetivo oficial es reducir el gasto público en infraestructura y que sea el sector privado, a través del sistema de concesión de obra pública por peaje, quien garantice la transitabilidad en las rutas nacionales.
Para el usuario, este cambio implica que la calidad de la calzada y los servicios de emergencia en ruta pasarán a depender directamente de las inversiones que realicen las nuevas adjudicatarias bajo el control del Estado.
