En un movimiento que vuelve a evidenciar su agenda propia, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo un encuentro clave con representantes de la Iglesia Católica. La reunión tuvo como eje central el proyecto para bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años, una iniciativa impulsada fuertemente por el presidente Javier Milei pero que encuentra una férrea resistencia en el Episcopado.
La convocatoria incluyó a miembros de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal (CEA) y de Cáritas, quienes aprovecharon el espacio para ratificar su rechazo a la "respuesta penal temprana" como solución al delito juvenil.
Los argumentos de la Iglesia contra el proyecto
Durante la reunión, los referentes eclesiásticos expusieron los puntos de su "Carta Abierta a los Legisladores Nacionales", fundamentando su postura en los siguientes ejes:
- Falta de madurez: Subrayaron que la evidencia científica indica que el cerebro adolescente aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar las consecuencias de sus actos.
- Enfoque social: Reclamaron que la problemática debe abordarse desde la contención y la inclusión social, y no solo desde el castigo penal.
- Ineficacia delictiva: Consideran que bajar la edad no tendrá un impacto real en la disminución del delito entre menores.
Un gesto de autonomía política
El encuentro no es solo un debate técnico, sino un mensaje político de alto impacto. Mientras Javier Milei no recibe a la cúpula de la Iglesia desde hace dos años, Villarruel tiende puentes con el sector. Este acercamiento se suma a otros gestos recientes:
- Visita a La Rioja: Días atrás, la vicepresidenta se reunió con el obispo Dante Braida (titular de la Pastoral Social).
- Gesto histórico: Durante ese viaje, Villarruel visitó la tumba del beato Enrique Angelelli, víctima de la última dictadura militar, un hecho inédito para su trayectoria política.
El proyecto de baja de imputabilidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados, ingresará al Senado la semana próxima. Con este encuentro, Villarruel deja abierta la incógnita sobre cómo manejará el debate en la Cámara Alta, en un tema que el Ejecutivo considera prioritario para sus sesiones extraordinarias.
