La batalla por la reforma laboral se traslada del Congreso a los tribunales. Luego del paro nacional y de la aprobación de la iniciativa en la Cámara Baja, los líderes de la CGT confirmaron que la estrategia ahora será la judicialización total de la norma. Según los dirigentes, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei vulnera derechos fundamentales y genera un escenario de "profunda inseguridad jurídica".
Jorge Sola, cosecretario general de la central obrera, fue contundente: "Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional". El objetivo es frenar la aplicación de la normativa antes de que el Senado la convierta en ley el próximo 27 de febrero.
Los puntos más polémicos que irán a la Justicia
Los abogados de la CGT están trabajando sobre artículos específicos que consideran contrarios a la Constitución Nacional y a los convenios de la OIT:
- Disolución del Fuero del Trabajo: Uno de los puntos que genera más rechazo es la eliminación de la justicia especializada en temas laborales.
- Indemnizaciones en cuotas: La central obrera cuestiona la validez legal de fraccionar los pagos por despido, algo que consideran un retroceso en los derechos adquiridos.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): La creación de este nuevo sistema de capitalización es vista como un ataque al régimen de estabilidad actual.
- Derecho a huelga: Los letrados advierten que las limitaciones impuestas a las medidas de fuerza chocan directamente con la protección constitucional de la actividad sindical.
Incertidumbre por los contratos actuales
Otro de los grandes interrogantes que la Justicia deberá resolver es la retroactividad de la ley. Cristian Jerónimo, también secretario general de la CGT, señaló que el debate técnico pasa por definir qué régimen regirá para quienes ya están trabajando.
- Contratos vigentes: Existe una fuerte disputa sobre si a un empleado contratado bajo la ley anterior se le pueden aplicar las nuevas condiciones de indemnización.
- Seguridad Jurídica: Los gremialistas sostienen que, sin una resolución judicial clara, las empresas y los trabajadores entrarán en un vacío legal que multiplicará los juicios.
"No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a ir a la justicia porque este proyecto va en contra de la Ley Suprema de la Nación", sentenció Jerónimo. De esta manera, aunque el Gobierno logre la aprobación en el Senado, el futuro de la reforma laboral quedará en manos de los jueces.

