La polémica por el recorte salarial en las licencias médicas obligó al Gobierno a recalibrar su estrategia parlamentaria. La senadora Patricia Bullrich confirmó que, durante el debate en la Cámara de Diputados, se introducirán cambios para garantizar que los trabajadores que padezcan enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables continúen percibiendo la totalidad de sus haberes, tal como establece la actual Ley de Contrato de Trabajo.
La legisladora explicó que esta decisión fue consensuada durante el fin de semana con la mesa política del Gobierno, incluyendo a Martín Menem y la Secretaría Legal y Técnica. El objetivo es corregir el impacto social de la medida sin que el proyecto deba regresar al Senado, buscando una ingeniería legal que permita la sanción definitiva el próximo jueves.
El nuevo esquema de pagos por enfermedad
Pese a esta concesión, Bullrich fue enfática al sostener que el espíritu de la reforma es terminar con la "mafia de los certificados truchos". El esquema que se defenderá en la Cámara Baja contempla diferentes escalas:
- 100% del sueldo: Solo para casos de enfermedades críticas o terminales con "corroboración concreta y fehaciente".
- 75% del sueldo: Para accidentes o enfermedades comunes donde no hubo una exposición voluntaria al riesgo por parte del trabajador.
- 50% del sueldo: Para cuadros derivados de una "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (el ejemplo oficial fue una lesión jugando al fútbol).
Salud mental y críticas al sistema actual
Consultada sobre las licencias por salud mental, Bullrich evitó confirmar si entrarán en el grupo del 100% y denunció un "exceso enorme" en este tipo de carpetas médicas. "La Argentina trucha la tenemos que terminar", sentenció, comparando la situación con lo que observó durante su gestión en el Ministerio de Seguridad.
Esta modificación busca aplacar el malestar de la CGT, que ya evaluaba un paro general para el jueves, aunque desde la central obrera advirtieron que el recorte al 75% o 50% en enfermedades comunes sigue siendo un golpe inaceptable al bolsillo de los trabajadores.
