A un año del escándalo financiero de la criptomoneda $Libra, la causa judicial que investiga una presunta estafa millonaria sigue sin registrar declaraciones indagatorias, a pesar de los avances en el rastreo de fondos. Recientemente, la Sala I de la Cámara Federal ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que actualice los montos de los embargos contra los principales imputados en un plazo de 90 días.

La medida surge tras un planteo de la querella que encabeza Juan Grabois, que calificó como insuficientes los 37 millones de pesos estipulados originalmente contra Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Mientras tanto, la Justicia debe decidir si acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que denuncian haber perdido dos millones de dólares en la operatoria.

El polémico acuerdo confidencial

Una de las revelaciones más impactantes de las últimas semanas fue la filtración de un documento firmado el 29 de enero de 2025 entre Javier Milei y Hayden Davis. El texto revela que, apenas días antes del lanzamiento de Libra, Davis se convirtió en asesor ad honorem del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial.

El acuerdo incluía:

• Contratos inteligentes: Automatización de procesos administrativos del Estado.

• Digitalización: Gestión de títulos de propiedad y documentos públicos.

• Capacitación: Formación tecnológica para funcionarios públicos.

Este documento, que enfatiza la confidencialidad y el secreto absoluto, es clave para la investigación, ya que coincide con el periodo en que el Presidente promocionó la moneda a través de sus redes sociales (en un tuit que luego fue borrado) poco antes de que su valor se desplomara en el mercado.

Causas en Argentina y Estados Unidos

El escándalo no solo se tramita en los tribunales de Comodoro Py. En Nueva York, la jueza Jennifer Rochon lidera un expediente paralelo por presunta estafa. En la nómina de denunciados aparecen figuras del riñón presidencial como Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia) y exfuncionarios como Sergio Morales Morales, exintegrante de la Comisión Nacional de Valores.

La investigación parlamentaria y judicial intenta ahora determinar si los servicios "gratuitos" de Davis fueron, en realidad, la contraprestación de un esquema que terminó perjudicando a miles de inversores minoristas.