Tras los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles durante la marcha contra la reforma laboral, el Gobierno Nacional elevó la tensión judicial al denunciar penalmente a 17 personas bajo la figura de "terrorismo". La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, justificó la carátula argumentando que el uso de bombas molotov durante la protesta no fue un hecho aislado, sino un plan para generar caos y muerte.
"Una bomba molotov es una bomba. Es un arma con la intención de generar no solo muerte, sino caos", afirmó la funcionaria a través de un video oficial. La denuncia, firmada por la dirección de Normativa y Legislación del Ministerio, sostiene que los acusados buscaron "inhibir el funcionamiento del Congreso" y subordinar a la ciudadanía mediante el terror.
Identificaciones y pruebas
Para elaborar la lista de sospechosos, el Ministerio de Seguridad realizó un pormenorizado análisis de las transmisiones en vivo de canales como TN, C5N, LN+ y A24, además de grabaciones de cámaras de seguridad y material enviado por ciudadanos vía WhatsApp. El documento oficial incluye fotos, nombres completos y números de DNI de los señalados.
Entre los nombres que figuran en la nómina oficial se encuentran:
Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan. Natanael Benjamín Aguirre, Nahuel Ezequiel Britos, Néstor Alejandro Flores y Manuel Edgardo Barrios. Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Lucas Horacio Cabrera, Martín Castiñeiras, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez, Roberto Daniel Tassano, Carlos Nicolás Kipper Amalfi y Lucas Ezequiel Lobato.
La controversia del video viral
A pesar de la contundencia de la denuncia por terrorismo, el documento oficial no precisa si alguno de los 17 identificados es responsable directo de lanzar los explosivos. La polémica crece debido a un video viral que muestra a personas encapuchadas preparando bombas molotov a escasos metros de una línea de la Policía Federal que, según se observa en las imágenes, no intervino para detener la maniobra en ese momento.
Ahora, será la Justicia Federal la encargada de determinar si las pruebas aportadas por el Ministerio de Seguridad son suficientes para formular imputaciones formales y si el accionar de los manifestantes encuadra efectivamente en los delitos de terrorismo o si se trata de incidentes de resistencia a la autoridad y daños.
