En una muestra de pragmatismo político, el presidente Javier Milei autorizó a su equipo a introducir modificaciones estructurales en el proyecto de Reforma Laboral con el fin de garantizar su aprobación este miércoles en el Senado. La decisión se terminó de definir este mediodía en la Casa Rosada, donde la mesa política del Gobierno —sin la presencia del mandatario— dio el visto bueno a las negociaciones con la oposición dialoguista para asegurar el quórum y los votos necesarios.

La llave del acuerdo fue la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aceptó postergar el tratamiento del artículo 191, que preveía una baja en el Impuesto a los Bienes Personales para las sociedades comerciales. Este punto era uno de los reclamos centrales de los gobernadores aliados, con quienes el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, mantuvieron conversaciones hasta último momento.

Negociaciones con gobernadores y el costo fiscal

Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno al Impuesto a las Ganancias. Para evitar una pérdida de aproximadamente 1,12 billones de pesos en coparticipación para las provincias, se analiza que la quita del impuesto se realice de forma gradual en un plazo de dos años.

Aunque esta medida supone un desvío en el objetivo oficial de reducir rápidamente la carga impositiva, en el Ejecutivo priorizan asegurar el "corazón" del proyecto. La senadora Bullrich confirmó que se introdujeron 28 cambios y que ya contarían con el respaldo de 44 senadores, superando los 37 necesarios para la mayoría.

Acuerdos con la CGT para evitar el conflicto sindical

En paralelo a la negociación con las provincias, el Gobierno activó un canal de diálogo con la CGT que derivó en cambios sustanciales para suavizar el impacto de la reforma en el poder sindical:

• Obras Sociales: Se ajustaron artículos que afectaban de manera directa las cajas sindicales.
• Derecho de huelga: Hubo modificaciones en el listado de "actividades esenciales", donde originalmente se exigía una prestación mínima del 75% durante las medidas de fuerza.
• Paz social: Desde la Casa Rosada valoraron que la central obrera optara por una movilización en lugar de un paro general, lo que permitió transitar la previa de la sesión con menor tensión gremial.

Con este nuevo escenario, el oficialismo confía en que el texto obtendrá la media sanción sin mayores sobresaltos, consolidando un esquema de acuerdos que le permite alinear a los gobernadores y neutralizar la resistencia frontal del sindicalismo.