El Gobierno Nacional dio un paso decisivo para incentivar la formalización de ahorros no declarados. Mediante el Decreto 93/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal. La medida busca que los argentinos utilicen sus ahorros en dólares sin temor a represalias tributarias, estableciendo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo podrá controlar ingresos y deducciones, dejando de lado la revisión de variaciones patrimoniales o consumos personales.
Con este nuevo esquema, el oficialismo apuesta a transformar lo que antes eran "blanqueos excepcionales" en un mecanismo permanente de regularización. El núcleo de la ley es el "tapón fiscal": si el contribuyente cumple con su declaración y pago en tiempo y forma, se clausura cualquier revisión administrativa o penal sobre los períodos anteriores, devolviendo lo que el organismo definió como "la libertad de usar el dinero sin dar explicaciones".
Quiénes pueden adherir y cuáles son los límites
El Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) es de carácter voluntario y está diseñado para una amplia base de contribuyentes, aunque excluye al universo de los Grandes Contribuyentes Nacionales. Los requisitos principales para ingresar son:
- Ingresos anuales: Hasta $1.000 millones.
- Patrimonio total: Hasta $10.000 millones.
- Verificación: Se consideran los últimos tres ejercicios fiscales de forma individual.
Para los monotributistas, la adhesión es clave: el organismo advirtió que quienes deseen ingresar dólares al sistema bancario deberán inscribirse previamente en este régimen para evitar quedar expuestos a fiscalizaciones tradicionales.
Uso de divisas y beneficios bancarios
La normativa facilita el uso de los "dólares del colchón" al permitir que los fondos ingresen al sistema financiero directamente en la cuenta del contribuyente o mediante transferencia al vendedor en una transacción. Una excepción notable es la compra de inmuebles, que podrá seguir realizándose en efectivo bajo el marco legal vigente.
Además, el decreto introduce un alivio en el control bancario: las operaciones de hasta $10 millones mensuales ya no generarán reportes automáticos a la ARCA. Por otro lado, la constancia de adhesión al régimen funcionará como un antecedente favorable ante bancos y entidades financieras en materia de prevención de lavado de activos, simplificando los trámites de cumplimiento (compliance).
Seguridad jurídica y cambios en materia penal
Uno de los puntos más destacados es la presunción de exactitud. Una vez presentada la declaración simplificada y realizado el pago, la ARCA presume que la información es correcta y solo podrá impugnarla en casos excepcionales de discrepancias significativas. Asimismo, se elevaron los umbrales de punibilidad para delitos de evasión:
- Evasión simple: El umbral sube a $100 millones.
- Evasión agravada: El umbral se establece en $1.000 millones.
- Prescripción: Para contribuyentes cumplidores, el plazo se reduce de cinco a tres años.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca generar un choque de confianza que movilice el capital ocioso hacia el consumo y la inversión, eliminando lo que calificaron como un "régimen persecutorio" de décadas.
