La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un fuerte comunicado tras la puesta en funcionamiento de la denominada "Oficina de Respuesta Oficial". El organismo, que opera principalmente a través de redes sociales para "desmentir" informaciones y señalar supuestas "operaciones mediáticas", fue cuestionado por la entidad al considerar que el Estado no puede arrogarse el papel de juez sobre lo que es veraz o no en el debate público.

Para ADEPA, si bien los gobiernos tienen el derecho legítimo de difundir información oficial y su versión de los hechos, la dinámica de esta nueva oficina resulta peligrosa por su carácter acusatorio y estigmatizante. Según la organización, combatir la desinformación es necesario, pero el Estado debe ser una fuente más y no quien determine la "verdad oficial".

Los riesgos de la "verdad oficial"

En su descargo, la entidad que nuclea a los medios de todo el país detalló los puntos que generan mayor alarma en el sector:

• Mecanismos de vigilancia: El uso de organismos estatales para monitorear y evaluar contenidos conlleva el riesgo de transformarlos en herramientas de disciplinamiento indirecto contra la prensa crítica.
• Falta de equidad: ADEPA señaló que la oficina solo apunta a la actividad periodística, ignorando la gran cantidad de falsedades y perfiles falsos que circulan en redes sociales.
• Rol de la ciudadanía: El comunicado subraya que "la gente es el último juez del trabajo periodístico" y que son los ciudadanos quienes deben contrastar fuentes en un sistema plural.

Un ecosistema plural contra la desinformación

La asociación destacó que el remedio contra las noticias falsas no es la imposición de una visión gubernamental única, sino el fortalecimiento de medios profesionales, independientes y responsables ante la ley. "El mejor antídoto no es la verdad oficial, sino un ecosistema plural de medios libres", sentenció la entidad.

Finalmente, el documento remarca que la función social del periodismo se basa en la confianza de las audiencias, y que cualquier intento de "arbitraje" estatal sobre la información atenta contra los estándares internacionales de libertad de expresión y la vida democrática.