El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, estableciendo los lineamientos para un nuevo sistema de pensiones no contributivas. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 84/2026 con la firma del presidente Javier Milei, responde a un mandato del Juzgado Federal de Campana, que invalidó una suspensión previa y ordenó la aplicación inmediata de la ley en un plazo de 30 días.
El nuevo esquema busca centralizar las políticas del área, incorporando formalmente a la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro de la estructura del Ministerio de Salud. Según el texto oficial, se apunta a una "concepción integral" que combine la asistencia sanitaria con la protección social y la inclusión laboral, evitando la superposición de beneficios.
Claves del nuevo régimen y controles
La reglamentación introduce cambios operativos profundos en la gestión de las prestaciones. Los puntos más relevantes incluyen:
- Conversión de oficio: Todas las pensiones no contributivas otorgadas anteriormente se transformarán automáticamente en la nueva Pensión por Discapacidad para Protección Social.
- Plan de Auditorías: En un plazo de 30 días, se deberá presentar un plan de relevamiento periódico para verificar que los beneficiarios cumplan con las condiciones de permanencia.
- Evaluación socioeconómica: Se convocará al Consejo Federal de Discapacidad para unificar los criterios de acceso y control en todo el país.
- Cofinanciamiento: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán articular con Nación esquemas de cooperación según sus disponibilidades presupuestarias.
El trasfondo judicial
La puesta en marcha de la Ley 27.793 estuvo marcada por la resistencia del Ejecutivo, que inicialmente había frenado su ejecución alegando falta de partidas presupuestarias. Sin embargo, la justicia federal determinó la invalidez de dicha suspensión, obligando al Estado a operativizar la norma desde este 3 de febrero de 2026.
A partir de ahora, la Secretaría de Salud tiene la facultad de dictar las normas aclaratorias para implementar el régimen, mientras se mantiene el debate sobre cómo se garantizarán los fondos necesarios en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
