En un hecho inédito que rompió la calma del mediodía frente a la Casa de Gobierno, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) protagonizó una drástica protesta individual. El cabo Miguel Montiel se encadenó y esposó a las rejas perimetrales de la Casa Rosada, exigiendo una recomposición salarial urgente y denunciando presuntas irregularidades en la fuerza.
Montiel, quien se encontraba de uniforme y portaba su arma de servicio, desplegó una pancarta en la que detallaba denuncias de corrupción en la Superintendencia de Transporte. La acción generó un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad interna, que conformaron un cordón policial para restringir el paso de curiosos y medios de comunicación, mientras se intentaba negociar con el efectivo.
Intervención y traslado
Tras varios minutos de tensión, y siguiendo los protocolos de seguridad para estos casos, se procedió a liberar al agente de las rejas. Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Montiel fue asistido en el lugar y posteriormente hospitalizado para una evaluación física y psicológica, dado que el hecho ocurrió en una zona de máxima seguridad nacional.
Este episodio se suma a la creciente inquietud en sectores de las fuerzas de seguridad respecto al retraso salarial frente a la inflación y el impacto de las últimas medidas económicas. Aunque la protesta fue individual, el hecho de que un efectivo en funciones y armado llegara hasta el acceso principal de la Casa Rosada activó todas las alarmas del Ministerio de Seguridad.
Antecedentes y reclamos en la fuerza
Si bien la fisonomía de la Plaza de Mayo suele ser escenario de diversas protestas, el reclamo de Montiel pone el foco en:
Sueldos básicos: El malestar por las escalas salariales vigentes en la PFA.
Denuncias internas: Las acusaciones sobre el manejo de fondos y recursos en áreas de transporte de la institución.
Protocolos de salud mental: El seguimiento que la fuerza realiza sobre sus efectivos ante situaciones de crisis.
Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte de la cúpula de la Policía Federal ni de la ministra de Seguridad sobre el estado administrativo en el que quedará el cabo tras esta exposición pública de sus reclamos.
