El Poder Ejecutivo definió su estrategia final para el debate parlamentario más crítico del año: no introducirá modificaciones al proyecto de Presupuesto 2026 que recibió la media sanción de Diputados. Con esta decisión, la Casa Rosada renuncia a reincorporar el polémico Capítulo 11, que pretendía derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, priorizando la aprobación inmediata de la ley.

La urgencia del Gobierno responde a la necesidad de enviar una señal de previsibilidad al FMI y a Estados Unidos, además de asegurar la autorización para la toma de deuda pública. Este último punto es vital para afrontar los vencimientos por US$ 4.200 millones que Argentina debe pagar el próximo 9 de enero.

Las razones detrás de la estrategia oficial

La resignación del Gobierno a retocar el texto aprobado en la Cámara Baja se fundamenta en dos ejes principales:

• Falta de apoyo legislativo: El bloque de La Libertad Avanza reconoció la imposibilidad de conseguir los votos necesarios para sostener la anulación de las leyes de discapacidad y educación, ante la negativa de la UCR, el PRO y sectores que responden a los gobernadores.
• Celeridad en el calendario: Cualquier modificación en el Senado obligaría a que el proyecto regrese a Diputados, estirando la discusión más allá de fin de año y poniendo en riesgo la sanción antes de los vencimientos de deuda.
• Exigencia de los Gobernadores: Los mandatarios provinciales condicionaron el avance de otras reformas (como la laboral) a la garantía de que el Presupuesto se apruebe tal como está y sin futuros vetos presidenciales.
• Compromiso de Superávit: Pese a no lograr las derogaciones deseadas, el Gobierno ratificó su "regla de oro" del superávit fiscal. La senadora Patricia Bullrich advirtió que se utilizarán otros instrumentos administrativos para compensar el costo fiscal y evitar caer en déficit.