La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) expresó su respaldo a la iniciativa de reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, aunque condicionó su apoyo a la inclusión de modificaciones que brinden previsibilidad y seguridad jurídica. Según la entidad, una reforma de esta magnitud requiere un marco legal claro que se adapte a la realidad económica actual y de los próximos años.

El foco en la litigiosidad: montos "impagables"

El punto de mayor fricción para los empresarios mayoristas es el cálculo de las indemnizaciones en sede judicial. Cadam calificó como el "problema central" a los juicios laborales con montos que resultan inalcanzables para el sector privado.

En particular, manifestaron su rechazo a la intención de oficializar la actualización de condenas mediante la combinación del IPC (Indec) más una tasa de interés. La Cámara sostiene que esta fórmula "multiplica las condenas de manera desproporcionada", lo que podría derivar en el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, además de contraponerse a la prohibición de indexar sumas de dinero establecida en la Ley 23.928.

Propuestas para frenar la "industria del juicio"

Para combatir la litigiosidad injustificada, los mayoristas proponen medidas de responsabilidad compartida y celeridad procesal:

• Costas solidarias: En casos de "plus petición inexcusable" (reclamos exagerados), las costas deberían ser asumidas solidariamente por el demandante y su abogado.
• Caducidad de instancia: Impulsar que los expedientes sin movimiento durante un tiempo determinado pierdan vigencia para evitar "procesos eternos".
• Tasas bancarias: Volver a un esquema de actualización basado en tasas bancarias estándar sin indexación por inflación.

Aportes sindicales y autonomía empresarial

En materia de recaudación gremial, la propuesta de Cadam busca reducir la presión sobre el empleador. Solicitaron la eliminación de las "cuotas solidarias" impuestas por convenios y que los aportes patronales especiales sean estrictamente voluntarios. Asimismo, proponen que el empleador deje de actuar como agente de retención de los aportes sindicales, trasladando esa gestión a los organismos o entidades correspondientes.

Para la entidad, el objetivo final debe ser una legislación equilibrada que permita que las pymes puedan seguir produciendo bajo la premisa de que "cuidar a las empresas es cuidar el trabajo".