Una maniobra de fraude digital sacudió la tranquilidad de Rojas este jueves, cuando una mujer detectó transferencias no autorizadas por 280.000 pesos desde su cuenta de Mercado Pago. El caso, que involucra el uso indebido de una tarjeta de crédito MasterCard vinculada al teléfono extraviado, derivó en un allanamiento exitoso y la notificación de una pareja ante la Justicia.
El robo del celular y las transferencias fantasma
La víctima, de 64 años, reportó el miércoles el extravío de su teléfono Samsung Galaxy A04. Horas después, el 5 de diciembre a las 19 horas, descubrió cuatro transferencias por un total de 280.000 pesos hacia la cuenta de otra mujer de 26 años, ia su cuenta del Banco Nación.
Las operaciones se realizaron utilizando la tarjeta de crédito cargada en la app de Mercado Pago, lo que activó de inmediato la intervención de la UFI N° 01 del Departamento Judicial de Junín, a cargo del fiscal Dr. Berbeni Elizabet.
Allanamiento y secuestro en el domicilio de los sospechosos
A las 19:30 horas, se otorgó una orden de allanamiento urgente en el domicilio de Maini, ubicado en calle María Unzue de Alvear N° 687, en pleno centro de Rojas. El operativo, cumplimentado por fuerzas locales, culminó con el secuestro del teléfono Samsung Galaxy A04 con IMEI 35876510463982.
En el lugar se identificó también a la pareja (28). La auxiliar fiscal dispuso la notificación de ambos por artículo 60 del Código Procesal Penal, con posterior libertad inmediata a tenor del artículo 161.
Impacto en la comunidad y consejos para evitar fraudes
El caso, caratulado como Defraudación, Aprehensión y Secuestro de Teléfono, resalta los riesgos del uso de apps financieras en dispositivos móviles. En Rojas –y distritos vecinos como Pergamino, Junín y Colón–, autoridades locales recordaron la importancia de:
- Bloquear inmediatamente tarjetas y apps ante extravíos.
- Verificar transacciones en tiempo real.
- Denunciar ante la UFI más cercana.
Mientras los imputados quedan a disposición de la Justicia, La mujer recupera su dispositivo, pero el perjuicio económico deberá resolverse en el proceso judicial.

