La entidad civil exige la reestatización de las rutas para garantizar el libre tránsito constitucional y un sistema vial sin barreras económicas.
Vulneración constitucional por falta de caminos alternativos
El documento de CONADUV, titulado "Contradicciones del Gobierno Nacional – Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por ‘falso peaje’", sostiene que el régimen de peajes restringe el derecho a la libre circulación por el territorio argentino, al no prever rutas gratuitas obligatorias. Esta omisión contraviene la Constitución Nacional, pese a las declaraciones presidenciales sobre su cumplimiento estricto.
Doble imposición: Peajes como impuesto confiscatorio al tránsito
Los usuarios enfrentan una doble tributación: pagan el Impuesto a los Combustibles —destinado a infraestructura vial— y ahora peajes que se perciben como un "impuesto al tránsito". CONADUV califica esto de confiscatorio, ya que encarece el transporte y genera inflación generalizada, afectando incluso a quienes no usan vehÃculos.
Malversación de fondos: US$3.000 millones desviados
A pesar de alegar escasez de recursos, el Gobierno recauda anualmente más de US$3.000 millones vÃa Impuesto a los Combustibles, fondos que deberÃan exclusivizarse para rutas pero se redirigen a otros rubros presupuestarios. Esto configura, según CONADUV, una malversación que impide obras reales y perpetúa el deterioro vial.
Financiamiento público disfrazado de privado
Contradiciendo promesas de inversión 100% privada, los nuevos contratos —como los Tramos Oriental y Conexión— incluyen subsidios vÃa Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) con tasas bajas del Ministerio de EconomÃa. Esto traslada la carga al Estado, en un esquema que prioriza ganancias de concesionarias sin riesgo empresario.
Empresas del "club del peaje" en causas de corrupción
El Presidente critica a la "Cámara Argentina de la Corrupción", pero las postulante a la RFC pertenecen a grupos económicos históricos del "club del peaje", implicados en escándalos judiciales de obra pública. CONADUV ve hipocresÃa en esta selección, que revive el modelo corrupto de los 90.
Modelo de los '90: Sin inversión, solo mantenimiento y triplicación de tarifas
La RFC repite el esquema fallido de la década de 1990: pliegos limitados a corte de pasto y limpieza, sin ampliaciones ni obras estructurales. A cambio, prevé triplicar tarifas y agregar 54 cabinas nuevas —una cada 97 km—, elevando costos logÃsticos sin beneficios para la competitividad nacional.
Corredores Viales S.A.: Caja polÃtica sin disolución
Anunciada su disolución hace dos años, la empresa estatal persiste como "caja polÃtica", cobrando peajes sin ejecutar obras. CONADUV denuncia esta inacción, que agrava el caos vial y viola compromisos de transparencia.
Propuesta: Reestatización y Proyecto Vial Nacional libre de peajes
Ante esta "estafa vial", CONADUV urge que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reasuma el control, con fondos del Impuesto a los Combustibles exclusivos para infraestructura. Propone un Proyecto Vial Nacional integral, multimodal y sin barreras, para un tránsito libre y equitativo, rechazando audiencias "no vinculantes" como formalismos.
Impacto social y económico: Un impuesto regresivo al paÃs
El sistema genera perjuicios inflacionarios y reduce la accesibilidad vial en zonas de bajo tránsito, donde los peajes no cubren ni operaciones. CONADUV advierte que, sin cambios, la RFC será un "impuesto al tránsito" que frena el desarrollo, exigiendo control ciudadano y judicial para revertirlo.
