En un operativo realizado este martes 7 de octubre de 2025 en Viedma, Río Negro, la Policía Federal Argentina encontró un contrato firmado en 2019 entre el diputado en uso de licencia José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, vinculado a casos de narcotráfico. El documento, hallado roto y manchado, fue reconstruido por los efectivos y detalla un acuerdo por US$1 millón por servicios prestados por Espert, en el marco de una investigación por lavado de dinero.

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en la vivienda de Machado, quien hasta ese día cumplía prisión domiciliaria. La Corte Suprema había autorizado su extradición a Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y fraude. El empresario fue trasladado a un destacamento policial para evitar riesgos de fuga mientras se coordina su entrega con Interpol.

El contrato estipula que Machado, como comitente, pagaría a Espert, como prestador, US$1 millón en diez cuotas de US$100.000. El primer pago se realizó al momento de la firma, seguido de nueve cuotas mensuales consecutivas, transferidas dentro de los primeros cinco días de cada mes. El documento incluye cláusulas estrictas, como la renuncia de Machado a alegar fuerza mayor o invocar la teoría de la imprevisión ante posibles incumplimientos.

En caso de que Espert no cumpliera con el trabajo en el plazo acordado, Machado podía exigir su finalización en un plazo adicional de 30 días. Si no se completaba, el contrato se resolvía, permitiendo a Machado reclamar la devolución de los pagos y daños. Espert afirmó que no devolvió el dinero por la pandemia de COVID-19, que calificó como fuerza mayor, aunque solo se habrían abonado US$200.000.

Un aspecto destacado del contrato es que cualquier disputa se resolvería en los Tribunales Ordinarios de Nueva York, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza del acuerdo. Además, trascendió que Machado financió parte de la campaña de Espert en 2019 con vuelos privados y vehículos, con un costo estimado entre US$100.000 y US$150.000, no declarados como gastos de campaña.

El contrato, con firmas certificadas y apostillado, refuerza las sospechas sobre los vínculos entre Espert y Machado, cuya empresa guatemalteca, Minas del Pueblo, está bajo investigación en Estados Unidos. El hallazgo intensifica la pesquisa liderada por el fiscal federal Fernando Domínguez, iniciada tras una denuncia de Juan Grabois.

La revelación del contrato desató un fuerte impacto político, alimentando cuestionamientos sobre la transparencia en el financiamiento de campañas electorales. La Justicia federal analiza ahora los movimientos bancarios de Espert y posibles conexiones con actividades ilícitas de Machado. Mientras el Gobierno evalúa formalizar la extradición del empresario, este caso promete nuevos desarrollos que podrían sacudir el panorama político argentino.