En un duro golpe al Ejecutivo, el letrado Gregorio Dalbón acusa al presidente Javier Milei de abuso de autoridad al admitir públicamente su injerencia en el proceso judicial contra la exmandataria, configurando un caso de lawfare que amenaza la independencia judicial y el Estado de Derecho.
La admisión que desata la acción legal
Gregorio Dalbón, defensor legal de Cristina Fernández de Kirchner, radicó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por abuso de autoridad, tipificado en el artículo 248 del Código Penal. El motivo: una declaración en vivo durante un programa de televisión donde Milei confesó haber tomado la decisión personal de que la ex presidenta "vaya presa".
"Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa", habría declarado Milei, según el letrado. Dalbón argumenta que esta frase no es mera retórica política, sino una admisión explícita de un acto ilegal, que viola el artículo 109 de la Constitución Nacional al usurpar funciones del Poder Judicial.
Abuso de poder y violación constitucional
La denuncia sostiene que el jefe de Estado incurrió en un delito grave, punible con prisión e inhabilitación para funcionarios públicos que emitan resoluciones contrarias a la ley. Dalbón enfatizó que, al atribuirse la facultad de decidir condenas, Milei se coloca por encima de los jueces, socavando la división de poderes esencial para la democracia argentina.
Además, el abogado detalló que esta injerencia presidencial invalida cualquier proceso judicial influido por el Ejecutivo. "Si un presidente reconoce haber intervenido, se evidencia la falsedad o ilegitimidad de las pruebas y sentencias", explicó, apuntando directamente a la condena de seis años contra Kirchner en la causa Vialidad.
El lawfare al descubierto: una confesión política
Dalbón califica el episodio como la confesión pública del lawfare, la persecución judicial contra opositores mediante el uso politizado de la Justicia. "Milei avaló una prisión política, admitiendo que el Código Penal se usa como arma contra dirigentes como Cristina", señaló desde sus redes sociales.
En este marco, el letrado vinculó la denuncia no solo a la sanción penal, sino a la defensa del debido proceso y las garantías constitucionales. Recordó episodios previos, como jueces y fiscales que compartían actividades sociales con Mauricio Macri, y coberturas mediáticas que anticipaban fallos adversos contra Kirchner, como la mención a "la bala que no salió, pero el fallo que sí".
Hacia la anulación y el juicio político
La acción legal busca anular la sentencia contra la líder del Partido Justicialista, argumentando que la colusión entre poderes Ejecutivo y Judicial afectó el derecho a la defensa. "Esto demuestra que Cristina es una presa política", afirmó Dalbón, anunciando futuras denuncias contra todos los involucrados en el lawfare.
En un país con instituciones sólidas, esta confesión bastaría para iniciar un juicio político al presidente, concluyó el abogado, subrayando la urgencia de restaurar la independencia judicial en medio de crecientes tensiones políticas en Argentina.
