El lunes 22 de septiembre de 2025, diputados nacionales del bloque Encuentro Federal, liderados por Oscar Agost Carreño, presentaron una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusándolo de incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa surge tras la derogación del veto presidencial por parte de la oposición, y podría derivar en su destitución si se obtiene la mayoría absoluta en ambas cámaras, según el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Moción de Censura: Un Proceso Constitucional al Alcance
La moción, firmada por legisladores del bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, incluye a figuras como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. Si las acusaciones se fundan, la remoción de Francos requeriría solo la mayoría absoluta de votos, un umbral viable para la oposición en el actual contexto legislativo.
Críticas por Romper el Estado de Derecho
Agost Carreño denunció en X: “El Gobierno rompió el estado de derecho” al suspender la implementación de la ley ratificada por el Congreso. “La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, agregó. Por su parte, Pichetto alertó sobre la “gravedad institucional extrema” de la decisión de Francos, que “viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso”, con “consecuencias impredecibles”.
Decreto Gubernamental Bajo Fuego: Suspensión por Falta de Fondos
El Gobierno promulgó la ley mediante el Decreto 681/25, pero simultáneamente suspendió sus efectos por “falta de financiamiento”, condicionado a su inclusión en el Presupuesto 2026. Esta medida ha generado un fuerte rechazo, al considerarse una maniobra inconstitucional que ignora las atribuciones del Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias.
Acusaciones de Inconstitucionalidad desde la Oposición
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó el decreto como de “nulidad absoluta”, ya que el Presidente Javier Milei “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. “No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, enfatizó. Ferraro exigió: “La ley obliga al jefe de Gabinete a priorizar y reorganizar el presupuesto. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”.
