Este lunes 22 de septiembre de 2025, la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi circunscribió la pesquisa a posibles "maniobras de corrupción pública" en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), abarcando desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025. El dictamen, emitido tras el levantamiento del secreto de sumario, centra la atención en adjudicaciones irregulares de medicamentos a la droguería Suizo Argentina y otras firmas, con sospechas de sobreprecios y sobornos que podrían involucrar a altos funcionarios del Gobierno nacional.

La causa, delegada en el juzgado de Sebastián Casanello, se originó en audios filtrados de Spagnuolo que aluden a un circuito de coimas, mencionando a figuras como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. Testimonios como el de Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, ratificaron ante Picardi relatos de corrupción en compras de fármacos, acelerando allanamientos e incautaciones de más de 80 mil dólares.

En paralelo, el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, presentó un escrito solicitando la designación de un defensor oficial tras la renuncia de sus letrados particulares, motivada por discrepancias en la estrategia de defensa. Fuentes judiciales confirmaron que Hernán Silva asumirá la representación, en un momento en que la fiscalía analiza peritajes forenses sobre dispositivos electrónicos de Spagnuolo, donde se detectaron borrados de datos previos a allanamientos.

Esta medida se suma a pedidos de bloqueo de cuentas bancarias y cajas de seguridad de implicados, incluyendo a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, accionistas de Suizo Argentina, para rastrear la ruta del dinero en más de 600 contratos bajo escrutinio.

La delimitación temporal por Picardi permite enfocar la evidencia en el período de gestión de Spagnuolo al frente de ANDIS, coincidiendo con el inicio del Gobierno de Javier Milei. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) colabora en la reconstrucción de posibles sobornos, mientras ONG como Poder Ciudadano se suman como querellantes. Analistas judiciales advierten que, de confirmarse, el esquema podría configurarse como corrupción estructural, con delitos como cohecho y administración fraudulenta en la mira.

La causa, iniciada por denuncia de Gregorio Dalbón, avanza con peritajes de voz en audios y registros de barrios privados, prometiendo imputaciones concretas en las próximas semanas ante la presión por transparencia electoral.