El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero suspendió su ejecución debido a la falta de recursos presupuestarios. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, responde a la insistencia del Congreso, que rechazó el veto presidencial con dos tercios de los votos en ambas cámaras. Sin embargo, la aplicación de la ley queda postergada hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento y las incluya en el Presupuesto 2026, presentado el pasado 15 de septiembre.

La ley implica un gasto estimado de $3.019.508.900.000 (0,35% del PBI), incluyendo la creación de una Pensión no Contributiva por Discapacidad, que demandará $2.166.985.900.000 en 2025 (0,26% del PBI) y $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47% del PBI). Además, el Programa Incluir Salud generará un costo adicional de $574.200.000.000 en 2025 (0,07% del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12% del PBI). La compensación de emergencia para prestadores asciende a $278.323.000.000 (0,03% del PBI). El Ejecutivo destacó que el presupuesto actual, con un crédito disponible de $2.302.526.621.430, no cubre estas erogaciones.

La Ley 27.793 incluye medidas clave como la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad, la declaración de los servicios de prestadores como interés público nacional, la actualización de aranceles según la fórmula de movilidad jubilatoria y exenciones en contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad de forma permanente. Sin embargo, su implementación depende de la aprobación de partidas presupuestarias específicas.

El Gobierno había vetado la ley mediante el Decreto 534/25, argumentando que la falta de previsión presupuestaria ponía en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de atención a personas con discapacidad. Pese a ello, el Congreso insistió con la sanción por mayoría especial, obligando al Ejecutivo a promulgarla según el artículo 83 de la Constitución Nacional. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había advertido que la ejecución se postergaría hasta contar con financiamiento claro. El Ejecutivo señaló que el Congreso “omitió indicar” fuentes de financiamiento “concretas, específicas, actuales y suficientes”.

El texto oficial subraya que el presupuesto vigente no cuenta con recursos suficientes para cumplir con la ley. Incluso destinando todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, el monto sería insuficiente. El Gobierno enfatizó que solo el Congreso Nacional puede autorizar un aumento del presupuesto para hacer viable la implementación de la ley, lo que coloca el foco en las negociaciones para el Presupuesto 2026.