El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un acuerdo con las distribuidoras eléctricas Edelap, Edea, Eden y Edes para postergar el pago de multas y sanciones por incumplimientos en la calidad del servicio eléctrico. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, regirá hasta la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario derivado de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), en curso desde el año pasado. Las penalizaciones acumuladas desde junio de 2017 no serán acreditadas a los usuarios por ahora, y las sanciones administrativas firmes tampoco deberán afrontarse de inmediato.

Las multas no se eliminan, sino que se registrarán en cuentas contables específicas, sujetas a auditorías del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y el Ministerio de Infraestructura. Esta decisión busca aliviar la presión financiera sobre las distribuidoras, especialmente las cooperativas eléctricas del interior, en el marco de la transición tarifaria iniciada en 2020 tras la emergencia económica y sanitaria. El destino final de estos montos, ya sea para acreditar a usuarios o destinar a inversiones, se definirá con la RTI.

El Gobernador Axel Kicillof ordenó acelerar la RTI para actualizar un esquema tarifario desfasado desde la gestión de María Eugenia Vidal y afectado por la pandemia. La Subsecretaría de Energía trabaja con cooperativas y prestadoras provinciales para establecer tarifas que reflejen los costos reales del servicio. Aunque la Legislatura no aprobó la extensión de la transición tarifaria solicitada por Kicillof, el proceso de revisión avanza para garantizar la sustentabilidad del servicio eléctrico.

En paralelo, el Gobierno firmó convenios con Edenor y Edesur para reconocer deudas del antiguo régimen de Tarifa Social Eléctrica, correspondientes al período del 1° de junio al 15 de julio de 2024. La Provincia pagará $24.737 millones en cuatro cuotas trimestrales hasta junio de 2026, con $17.691 millones para Edenor y $7.046 millones para Edesur. Estos acuerdos evitan refacturaciones que podrían afectar a los usuarios más vulnerables, asegurando un traspaso ordenado al nuevo esquema de bonificaciones.