El Gobierno nacional, bajo la administración de Javier Milei, definió un paquete de obras eléctricas prioritarias por más de USD 6.600 millones, destinadas a fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y mitigar los cortes de suministro. La Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, apuesta a la inversión privada mediante concesiones, con la recuperación de fondos a través de un cargo en la tarifa eléctrica, evitando desembolsos estatales directos.

Deficiencias estructurales y crecimiento de la demanda

El sistema eléctrico enfrenta "deficiencias estructurales" en redes de alta y media tensión, agravadas por un crecimiento del 26% en la demanda pico durante la última década, mientras solo se incorporaron 1.200 kilómetros de líneas de alta tensión, un cuarto de lo sumado en la década anterior. Documentos oficiales destacan que las inversiones han sido "inferiores a las mínimas requeridas", generando riesgos de restricciones y apagones, especialmente en picos de calor o frío.

Financiamiento privado similar al modelo de Macri

La estrategia recurre a empresas privadas para ejecutar las obras, recuperando la inversión mediante un canon cuotificado en las tarifas, como en los contratos de Participación Público Privado de la era Macri. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció en mayo que estas iniciativas eliminarán cuellos de botella y mejorarán la calidad del servicio, sin costo inicial para el Estado, aunque el impacto recaerá en los usuarios finales.

El paquete de 17 obras estratégicas

El plan incluye la construcción y ampliación de estaciones transformadoras de 500 kV y la adición de 5.610 kilómetros de líneas nuevas, un 38% más que la red actual. Prioridades clave son: la línea Río Diamante–Charlone–O’Higgins en Cuyo; ampliación de Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca en Patagonia; nueva estación en Plomer; y más de 500 km de líneas Ezeiza–Vivoratá–Atucha para el AMBA. Otras incluyen interconexiones con Bolivia, Paraguay y Tierra del Fuego.

Cortes masivos evidencian la urgencia

En marzo, fallas en cables de Edesur dejaron sin luz a 740.000 usuarios en el centro porteño durante una ola de calor con 44°C de sensación térmica, causando rescates en ascensores, caos vial y disrupciones en transporte. Especialistas atribuyen estos incidentes a la falta de mantenimiento y tarifas insuficientes en años previos. Aunque se avanzó en recomposiciones tarifarias, el 35% de las instalaciones está al fin de su vida útil, y la última obra nacional data de 2017.

Desafíos pendientes y ejecución

A pesar del anuncio en mayo, las obras aún no han iniciado debido a la búsqueda de financiamiento. El Gobierno critica los USD 150.000 millones en subsidios de las últimas dos décadas, financiados con emisión monetaria e inflación, y enfatiza que este plan priorizará la eficiencia sin gastos públicos innecesarios, aunque el costo final se trasladará a las tarifas de los consumidores.