La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la medida cautelar emitida por el juez Alejandro Maraniello, que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia de Javier Milei.
La organización la califica como un "precedente negativo" para la libertad de expresión y condena el pedido del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, de allanar el streaming Carnaval y a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
Censura previa y violación de derechos
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, afirmó que la medida implica censura previa, expresamente prohibida por la Constitución Nacional argentina y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Al impedir que periodistas, medios y ciudadanos compartan o debatan sobre asuntos de interés público, se vulnera el derecho de la sociedad a estar informada y se sienta un precedente peligroso para la democracia", sostuvo Dutriz. La prohibición se extiende a redes sociales y plataformas digitales, agravando la restricción y generando autocensura.
Críticas a la respuesta judicial
"La transparencia y el debate público sobre los actos de los funcionarios son pilares esenciales de la democracia", enfatizó Ramos. La medida contradice estándares internacionales, como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa en cualquier medio.
Contexto del escándalo y reacciones internacionales
Los audios, filtrados por el streaming Carnaval, incluyen referencias a disputas internas en La Libertad Avanza y supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) también condenaron la cautelar, calificándola como una de las mayores amenazas a la libertad de prensa desde el retorno de la democracia en Argentina.
El Gobierno alega que las grabaciones forman parte de una operación de inteligencia ilegal para desestabilizarlo en vísperas de elecciones. Hasta el momento, no se han autorizado los allanamientos solicitados, pero la controversia persiste en medio de un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios.
