El gobierno nacional dio un paso decisivo en su plan de privatizaciones al disponer la transferencia de 6.000 kilómetros de rutas, incluyendo la Autopista Pilar-Pergamino y la deteriorada Ruta 188, a manos privadas. La medida, publicada en la Resolución 1284/2025 del Boletín Oficial, implica la disolución de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar estas vías, marcando un hito en la reestructuración del sector público impulsada por el Ejecutivo.
Un Paso Clave en la Ley Bases
La privatización de Corredores Viales se enmarca en la Ley 27.742 (Ley Bases), complementada por los decretos 695/2024 y 97/2025, que establecen los procedimientos para extinguir contratos de concesión vigentes, relicitar los corredores viales y liquidar la empresa estatal. Este proceso busca transferir la gestión de rutas y autopistas, como el polémico Peaje Larena en la Autopista Pilar-Pergamino, a operadores privados nacionales e internacionales mediante concesiones por peaje. “Es un paso hacia la modernización y eficiencia del sistema vial”, según fuentes oficiales citadas por La Nación (1/9/2025).
Gestión y Liquidación de Corredores Viales
La Secretaría de Transporte tendrá a su cargo un inventario detallado de los bienes de Corredores Viales, la rescisión de contratos no prioritarios y la evaluación del estado de las obras de infraestructura. Además, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” coordinará el proceso, incluyendo la valuación de activos y los flujos futuros derivados de la explotación por peaje. La resolución fija un plazo de 12 meses para adjudicar las nuevas concesiones y completar la disolución de la empresa, utilizando la plataforma digital CONTRAT.AR, conforme al Decreto 416/2025.
Impacto en la Red Vial y el Sector Público
La privatización de estos 6.000 kilómetros de rutas, que incluyen tramos clave como la Ruta 188 entre San Nicolás y Pergamino, transforma el esquema de gestión vial nacional. La medida abre la puerta a operadores privados para la administración y mantenimiento de autopistas mediante concesiones de obra pública. Sin embargo, genera preocupación por el impacto en los 3.307 empleados de Corredores Viales, según datos oficiales al cierre de junio de 2025. Página/12 (1/9/2025) reportó críticas de sindicatos que advierten sobre posibles despidos y el deterioro de las condiciones laborales.
Resultados Financieros y Disolución
A pesar de registrar un superávit financiero de $5.200 millones en el primer semestre de 2025, lo que permitió a Corredores Viales operar sin transferencias del Tesoro, el gobierno optó por su disolución. Esta decisión se alinea con la política de reducción del gasto público y reestructuración del Estado, que incluye la intervención, venta o cierre de empresas públicas. “La disolución de Corredores Viales es un paso hacia la eficiencia, pero plantea interrogantes sobre el mantenimiento de rutas clave”, señaló un análisis de Clarín (1/9/2025).
Repercusiones y Debate
La privatización ha generado un intenso debate. Mientras el gobierno defiende la medida como una forma de optimizar recursos, sectores de la oposición y especialistas viales, citados por Infobae (1/9/2025), advierten sobre el riesgo de aumentos en los peajes y el posible abandono de tramos menos rentables, como la Ruta 188, conocida por su mal estado. La transición hacia la gestión privada será un punto clave en el seguimiento de la infraestructura vial del país en los próximos meses.
