La Justicia Federal de San Martín, liderada por la jueza Martina Isabel Forns, dio un giro decisivo al caso del INTA. A través de una cautelar impulsada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025 y la Resolución 1240/25 del Ministerio de Economía. Esta decisión obliga al Ejecutivo a detener cualquier reestructuración o despido en el organismo hasta fines de febrero de 2026.

Economía retrocede tras la presión judicial

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, notificó al titular del INTA, Nicolás Bronzovich, mediante una nota interna, anulando temporalmente la disposición que ponía en disponibilidad a 286 trabajadores. La medida responde al fallo que declara nulos los actos administrativos derivados de los artículos 59 a 69 del decreto cuestionado, el cual había reestructurado el INTA y disuelto otros organismos como el INASE.

Triunfo gremial tras la escalada judicial

La batalla legal se intensificó la semana pasada cuando se intentó disponer la disponibilidad de personal, lo que llevó a los gremios a recurrir a la Justicia. La jueza Forns intimó al Estado para un cumplimiento inmediato, marcando un revés para las políticas de ajuste del Gobierno y asegurando la estabilidad laboral de los empleados del INTA por los próximos seis meses.