La sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil representa un cambio de paradigma en la justicia argentina. Si bien el foco mediático estuvo puesto en la baja de la edad a los 14 años, la normativa aprobada por el Senado introduce una batería de medidas procesales que transforman la manera en que el Estado intervendrá ante delitos cometidos por menores.

Penas alternativas y máximos permitidos

El nuevo esquema busca que la detención sea el último recurso en casos específicos, otorgando a los jueces facultades para aplicar castigos graduados:

• Delitos menores (hasta 3 años): Los magistrados podrán optar por amonestaciones, prestación de servicios comunitarios, prohibición de salida del país o monitoreo electrónico.
• Delitos intermedios (hasta 10 años): Siempre que no haya muerte o lesiones graves, se aplicará el mismo esquema de penas alternativas.
• Pena Máxima: Se estableció un tope de 15 años de prisión, prohibiéndose expresamente la reclusión y la prisión perpetua para menores.
• Libertad Condicional: Al cumplir dos tercios de la condena, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo se cumpla fuera del establecimiento carcelario.

La advertencia de los organismos de Derechos Humanos

A pesar del amplio margen en la votación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y otras organizaciones civiles manifestaron su rechazo, basándose en datos estadísticos y tratados internacionales:

• Impacto cuantitativo: Según el CNPT, al cierre de 2024, solo el 1,2% de los adolescentes en el sistema penal tenían menos de 16 años, lo que pone en duda la eficacia de la ley para reducir el delito general.
• Vulneración de principios: Advierten que la ley rompe el principio de "no regres