El segundo año de gestión de Javier Milei cerró con un endurecimiento de la respuesta estatal ante la protesta social. De acuerdo al monitoreo de la CPM —organismo que integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura—, la violencia institucional no solo aumentó en cantidad, sino que se volvió más selectiva, afectando gravemente a jubilados y trabajadores de prensa.
Cifras de un año marcado por la violencia institucional
El informe compara la actividad represiva entre 2024 y 2025, evidenciando un salto cuantitativo en todos los indicadores de violencia y detenciones.
| Indicador Monitoreado | Año 2024 | Año 2025 |
|---|---|---|
| Marchas monitoreadas | 60 | 79 |
| Marchas con represión | 17 | 34 |
| Personas heridas | - | 1.369 |
| Detenciones arbitrarias | 93 | 165 |
Represión "sistemática pero selectiva"
La CPM sostiene que el objetivo de las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes de Patricia Bullrich y con la colaboración del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, fue disuadir el repudio callejero a las políticas económicas.
El informe resalta un cambio en el "blanco" de los operativos: mientras que en 2024 el foco estuvo en las organizaciones sociales, en 2025 la represión se ensañó con los jubilados que se manifiestan cada miércoles frente al Congreso (155 casos de adultos mayores heridos).
Heridas de gravedad y ensañamiento
El documento detalla casos de extrema gravedad, como los de Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de un ojo por impactos de balas de goma. Asimismo, se denunció que el número de trabajadores de prensa heridos se duplicó, buscando limitar la cobertura de los hechos.
Uso de armamento y tácticas ilegales
El monitoreo reveló que las fuerzas de seguridad utilizaron un arsenal variado para dispersar a los manifestantes, en muchos casos fuera de los protocolos internacionales:
Postas de goma: Disparadas a quemarropa hacia el rostro o torso.
Gas irritante: Lanzado a corta distancia directamente a los ojos.
Armas Byrna: Disparos químicos con pistolas de aire comprimido.
Camiones hidrantes y palos: Uso de agua a presión y golpes con tonfas durante la desconcentración.
Denuncia de irregularidades graves
El informe de la CPM concluye con dos datos que comprometen la legalidad de los operativos:
Inteligencia ilegal: Se relevaron tareas de espionaje sobre los manifestantes en el 69% de las marchas.
Armas de fuego: Se detectó la portación de armas con balas de plomo (estrictamente prohibidas en manifestaciones) en el 78% de los operativos.
El organismo advirtió que el "menosprecio recurrente" del Estado por su rol como garante de derechos humanos no se inscribe en las diferencias democráticas plurales, sino que representa un retroceso institucional peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión.
