La Justicia Federal ordenó este lunes 1 de septiembre el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en la Casa Rosada. El fallo, emitido por el juez Alejandro Patricio Maraniello, establece que las grabaciones constituyen una “violación grave a la privacidad institucional” y no pueden ampararse bajo la figura de la libertad de expresión, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de sus redes sociales. La medida responde a una denuncia del Gobierno, que calificó la filtración como una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral.

Una respuesta rápida a la filtración

El viernes 29 de agosto, un breve clip atribuido a Karina Milei fue difundido por el canal de streaming Carnaval, generando una rápida reacción del oficialismo. En el audio, la hermana del presidente Javier Milei pedía “unidad” en la interna de La Libertad Avanza, sin mencionar directamente las acusaciones de presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación de estas grabaciones en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, ordenando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) supervisar su cumplimiento con un oficio habilitado para días y horas inhábiles.

Contexto de las acusaciones

Las grabaciones forman parte de un escándalo iniciado por audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien denunció supuestas coimas en contratos de medicamentos para personas con discapacidad. Estas acusaciones, que involucrarían a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, desencadenaron una investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello, con allanamientos en la ANDIS y la droguería Suizo Argentina. El presidente Milei desmintió las acusaciones, calificándolas como “falsas” y parte de una “operación difamadora”, mientras que Spagnuolo fue apartado de su cargo.

Denuncia penal y medidas de seguridad

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia penal en el juzgado federal de Julián Ercolini para investigar un posible espionaje ilegal. La administración libertaria sostiene que las grabaciones fueron manipuladas y difundidas selectivamente para causar daño político en un momento clave, a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En respuesta, se evalúan medidas para reforzar la seguridad en la Casa Rosada, como la prohibición de ingreso de celulares durante reuniones, una práctica ya aplicada en encuentros encabezados por el presidente.

Reacciones y alcance del fallo

El fallo de Maraniello subraya que la medida no busca limitar el debate público, sino proteger bienes jurídicos como la intimidad, el honor y la seguridad institucional. Adorni destacó que, de confirmarse la autenticidad de los audios, sería “un escándalo sin precedentes” en la historia argentina, al tratarse de grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada. Mientras tanto, el diputado José Luis Espert negó haber presentado a Spagnuolo al presidente, desvinculándose de las acusaciones. El Gobierno insiste en que estas filtraciones son parte de una estrategia para influir en el proceso electoral, reafirmando su compromiso con la transparencia.