El Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Martín Bava, condenó al Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei a entregar en un plazo de cinco días hábiles el expediente completo del DNU 179/2025, que autorizó un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión responde a una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes denunciaron que el Ministerio violó la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).

Intentos de ocultar información

Según el fallo, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Inicialmente, tramitó el pedido bajo la normativa vigente e incluso solicitó una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la Ley 27.275 y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático. El juez Bava fue categórico: “El Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso”, priorizando la Ley de Acceso a la Información Pública sobre reglamentaciones de gobiernos de facto.

Un derecho humano fundamental

Citando a la Corte Suprema de Justicia, el magistrado recordó que “la información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”. Esta premisa subraya que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, y toda persona puede solicitarla sin necesidad de acreditar un interés especial. El fallo destacó que el DNU 179/2025 no especifica las condiciones ni las razones del préstamo con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia. “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, afirmó la sentencia.

Obligación del Ministerio de Economía

La resolución obliga al Ministerio de Economía a entregar la totalidad del expediente administrativo EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC, incluyendo todos los anexos, archivos embebidos y documentación conexa, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la notificación. La orden se extiende a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que debe garantizar el cumplimiento.

Un precedente clave

Esta decisión judicial, emitida el 30 de agosto de 2025, establece un precedente significativo en materia de control democrático y acceso a la información estatal. La falta de claridad en los términos del acuerdo con el FMI, anunciado por Caputo en marzo de 2025 como un programa de 48 meses para reforzar las reservas del Banco Central, generó cuestionamientos sobre su impacto económico. La resolución refuerza la importancia de la transparencia en decisiones de endeudamiento externo de magnitud histórica, especialmente en un contexto de tensiones económicas y políticas.[

Contexto del acuerdo con el FMI

El crédito de 20 mil millones de dólares fue anunciado por Luis Caputo el 27 de marzo de 2025 durante la XXIII Conferencia sobre Regulación y Supervisión de Seguros en Buenos Aires. Según el ministro, el acuerdo busca fortalecer las reservas del Banco Central, que alcanzarían los 50 mil millones de dólares con aportes adicionales del Banco Mundial, el BID y CAF. Caputo afirmó que, a diferencia de acuerdos previos, este no exige ajustes fiscales drásticos, ya que el gobierno de Milei ya habría implementado medidas para ordenar la economía. Sin embargo, la falta de detalles públicos sobre las condiciones del préstamo motivó la acción de amparo presentada por Verbic y las organizaciones civiles.

La sentencia, respaldada por el principio de máxima divulgación, pone en jaque al equipo económico de Milei, que enfrenta preocupaciones internas y externas por la gestión del acuerdo. La intervención de la Justicia Federal de Dolores marca un hito en la defensa del derecho a la información pública en Argentina.