En conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, se llevó a cabo en la ciudad de La Plata la sexta jornada “Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos”, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
El evento se realizó en el auditorio de la sede de la Subsecretaría, y reunió a referentes de organismos públicos, organizaciones sociales y espacios académicos con el objetivo de reflexionar sobre las prácticas institucionales y promover herramientas para erradicar situaciones de violencia en contextos de intervención estatal.
La licenciada Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), explicó que su exposición estuvo centrada en el trabajo que el Comité realiza para prevenir la violencia institucional, con especial énfasis en el monitoreo del uso de la fuerza durante manifestaciones sociales.
“Cuando recuperamos la democracia, los argentinos logramos establecer un acuerdo democrático que implicaba respetar ciertos valores como el derecho a la protesta social, la libertad de expresión, el respeto por la diversidad de pensamiento, y hoy esos valores parecieran estar en riesgo”, señaló Ignacio. Y agregó: “El discurso oficial legitima la crueldad y el odio hacia el que protesta, hacia el que opina diferente, hacia el que hace una crítica o plantea una demanda”.
Durante su intervención, también remarcó el modo de intervención del Comité frente a casos de víctimas de violencia institucional, subrayando la necesidad de sostener mecanismos activos de prevención y respuesta ante estos hechos.
La jornada contó además con la participación del subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno; la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky; el juez de Ejecución Penal Nº 2 de Quilmes, Federico Merlini; y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
Con mesas de trabajo, presentaciones territoriales y un intercambio enriquecedor entre organismos y actores sociales, la actividad se consolidó como un espacio clave para avanzar en políticas públicas centradas en la defensa de los derechos fundamentales. (DIB)
