22/11/2020 | 14:01         
ARGENTINA-MUNDO
(Columna) El sistema de salud y la pandemia
El diputado pampeano Martín Berhongaray presentó un proyecto para que las obras sociales y prepagas incluyan en sus prestaciones estudios de anticuerpos del Covid-19 para asintomáticos.
(Columna) El sistema de salud y la pandemia

Por Ricardo Lilloy* (Especial para NA) -- El diputado pampeano Martín Berhongaray presentó un proyecto para que las obras sociales y prepagas incluyan en sus prestaciones estudios de anticuerpos del Covid-19 para asintomáticos.

Esta iniciativa sumaría una carga más a la seguridad social y al sistema de salud privado, que de este modo se estarían haciendo cargo de una responsabilidad del Estado: los controles epidemiológicos.

Hoy las prestaciones para la atención de COVID-19 están divididas en tres actores que son los que prestan atención: Estado, obras sociales y privados, y ART.

Si el paciente es personal esencial y contrajo la enfermedad en su actividad laboral, corresponde que lo atienda la ART.

En otros pacientes, le corresponde la atención a la obra social, prepaga o al sistema público.

Pero es el área epidemiológica del sistema público el que tiene la responsabilidad (y el presupuesto asignado) de controlar la pandemia a través de los rastreos de personas asintomáticas (es decir, no enfermas).

Esta ley propuesta por Berhongaray sería como obligar a los vigiladores privados a que salgan a patrullar toda la ciudad.

Los fondos de las obras sociales y prepagas son ahorros de las personas para el tratamiento de su salud, no para resolver problemas del conjunto de la sociedad (como sí lo hacen por medio de los impuestos). Obligarlas a cubrir esos test sería una apropiación de fondos privados.

Así, nuestros legisladores continúan presentando leyes de salud que están acabando con el sistema sanitario.

A esta altura no se entiende si a nuestros diputados y senadores les falta información al legislar o si son conscientes de la inaplicabilidad de sus leyes y las consecuencias sanitarias y económicas de sus decisiones, por ejemplo, en el caso de decenas de las sancionadas por enfermedad, que solo fogonean la industria del juicio beneficiando a determinados grupos con poder de lobby en detrimento de la atención de todo el resto de los afiliados.

La propia subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, dijo en una jornada organizada por la Federación de pacientes de enfermedades poco frecuentes (FADEPOF): "Por más vida que salve un medicamento, si no se puede pagar, no se puede".

Muchos tratamientos que hoy exigen cubrir algunos jueces vía amparos, llegan a costar por paciente 350.000 dólares, el equivalente a una recaudación entera de un prepago chico.

¿Qué queda entonces para el resto de los pacientes? ¿Cómo se logra dar cobertura con esos costos? ¿Cuánto deberían, entonces, costar las cuotas si se tiene en cuenta, además, que los mismos legisladores que causan esas distorsiones en el sistema de salud, son quienes están obligando a obras sociales, prepagas y mutuales a cubrir ciertas cirugías estéticas, reformas edilicias, alimentos, transporte y educación especial, todas prestaciones que no son de salud.

Así se llegó a la situación de que solo unas pocas obras sociales están pudiendo cubrir las prestaciones básicas establecidas en el Programa Médico Obligatorio. El sistema tiene un pasivo de 107.000 millones de pesos y muchas prepagas y mutuales están también con los números en rojo.

Los pícaros -quienes comercian con los vacíos y distorsiones de nuestra legislación- se aprovechan de ese caos a través de jueces que no se asesoran al dictar sentencias y el sistema solo atina a redireccionar esos fondos de acuerdo a lo sentenciado y recortar prestaciones y calidad de atención al resto.

Las entidades tienen un solo tipo de ingreso, que no es elástico: las cuotas o aportes. No hay otra forma.

Así las cosas, la idea del diputado Berhongaray viene a sumarse a una larga lista de proyectos inaplicables o que sólo contribuirán a resquebrajar aun más el sistema de salud.

Sería momento, dada la importancia de contar con un sistema de salud sólido ante situaciones como la pandemia, de que nuestros legisladores se pusieran a la altura de las circunstancias y se asesoraran con especialistas para el dictado de las leyes, no sólo desde el aspecto médico, sino también para que se determine de dónde saldrá el financiamiento de esa cobertura.

De lo contrario, sería o una expresión inaplicable de buenas intenciones o un golpe más a los cimientos del sistema sanitario.

(*) Presidente de la Cámara de Medicina Privada.

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