(Por Andrés Lavaselli).- A dos semanas de su inicio, la transición del poder político en la provincia arroja aún más dudas que certezas, entrampada entre cautela de Axel Kicillof, que delinea su equipo de gobierno con hermetismo y la mirada puesta en lo que ocurra con el gabinete de Alberto Fernández y las indefiniciones económicas de María Eugenia Vidal, que tienen en el estratégico Banco Provincia su capítulo más novedoso.

El celo que pone el gobernador electo en evitar filtraciones sobre la conformación final de su gabinete tiene una razón elemental: evitar el desgaste prematuro de los funcionarios que lo acompañarán. Pero existen otros dos motivos de esa reticencia, que son más significativos porque se relacionan con la distribución del poder al interior de la alianza que gobernará desde el 10 de diciembre.

El primero se resume en un nombre: Cristina Fernández. Nada en el equipo bonaerense estará confirmado, les dijeron a algunos intendentes inquietos que preguntaron, hasta que ella regrese de Cuba, mañana. El dato abona la tesis sobre la provincia como el territorio propio de la vicepresidenta electa, cuya ascendencia sobre Kicillof es central. "Son dos caras de la misma moneda", define uno de esos alcaldes.

La otra causa asemeja este momento político a lo que ocurrió en el inicio del ciclo político de Cambiemos. Es que al haber ganado las elecciones nacionales y bonaerenses, en el Frente de Todos se puso en marcha un mecanismo de compensaciones y balances por el cual el avance de un grupo de poder en una jurisdicción le retacea chances de asentarse en la otra.

Bajo esas coordenadas se entienden mejor ciertas conversaciones tras bambalinas. Un ejemplo es la referida al rol del Frente Renovador: con Sergio Massa confirmado para la presidencia de Diputados, es probable que su esposa, Malena Galmarini, no ocupe un lugar de relevancia en el reparto de poder de la cámara Baja bonaerense, para la que fue electa. Por eso suena en el gabinete de Fernández.

Hay otros nombres sujetos a una lógica similar (De Mendiguren, Katopodis) y, más allá de los confirmados (Bianco, Costa, Thea) y los que suenan fuerte (Javier Rodríguez para Agrarios), el gabinete bonaerense aún tiene un sillón clave sin definir: el de Seguridad. Kicillof sabe qué perfil quieren pero al parecer no lo convence ningún nombre por ahora. Ni el del alcalde del interior que le acercaron sus colegas.

Hablando de números

El otro frente de la transición que preocupa al poder electo es el financiero. Y aquí también, para entender lo que pasa en la provincia hay que mirar a la Nación.

Federico Salvai, el jefe de Gabinete de Vidal, le dijo a Carlos Bianco, su probable sucesor, que en 10 de diciembre encontrarán fondos para pagar sueldo y SAC, pero una deuda flotante de $50 mil millones. Pero el número –casi idéntico a los $ 45 mil millones que, como se adelantó acá, preveía Kicillof- está sujeto a una condicionalidad a la que se le ha prestado poca atención. Consiste en que Nación asista financieramente a la provincia, bajo el formato de una actualización del Fondo del Conurbano. De lo contrario, la deuda que se traspase (no confundir con el déficit, estimado en $20 mil M) será de $ 70 mil M.

La tensión política entre Vidal y Mauricio Macri, cuya última novedad es el alineamiento de la UCR con la Gobernadora, abre un interrogante en ese punto crucial. Hay quien dice que ya rige una especie de tregua que habilitó la remisión de $ 10 mil M a La Plata, pero un hombre clave del gabinete bonaerense actual lo desmiente. Lo cierto es que con esa conversación congelada se complican otras resoluciones.

Una de las notorias es el "reperfilamiento" de la deuda del Estado con el Banco Provincia, que Vidal le pidió al directorio de la entidad que acepte. Lo más probable es que no tenga suerte: no solo los representantes de la oposición planean acogerse a los dictámenes desfavorables que, a pedido de ellos mismos, ya redactaron aunque aún no oficializaron las subgerencias de Legales y Finanzas.

Aunque esos pronunciamientos no son vinculantes, en el Directorio los usarían para justificar su negativa. En realidad, temen reproches del Banco Central si aceptan "patear" el pago a cambio de una tasa de interés que no saben si será mayor o no que la del mercado. Ese rechazo forzaría a Vidal a imponerles la operatoria por decreto, lo que los eximiría de responsabilidades, pero le sumaría a ella un costo político extra: declarar un default, aunque sea parcia y selectivo.

La encrucijada reconduce a la tensión entre Macri y Vidal, porque una forma de esquivar el problema sería que Nación ponga la plata. "Debería, porque ya nos hizo pagar la reprogramación de bonos, la baja del IVA, el traspaso de subsidios", refunfuñan en La Plata, sin éxito hasta ahora. Otra alternativa es que la gobernadora pague, pero eso implicaría que su sucesor arranque el mandato con $ 4.200 millones menos. Contra ese fondo se recortan las constantes referencias de Kicillof al Banco y su situación.