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Inician acciones contra los aumentos de tarifas de luz en Rojas
La Defensoría del Pueblo "tomó la posta" y convocó a una primera reunión que se realizó en la Clyfer con presencia de autoridades de la cooperativa y de la Municipalidad. Habrá otros encuentros en los que se negociará sobre los distintos ítems que integran la factura y son decididos en Rojas, como la Tasa de Alumbrado, el Fondo de Obras y la cuota de capital cooperativo. A la vez, será iniciada una demanda judicial a nivel provincial, con la pretensión de que se revean los aumentos que ya están provocando daños serios a la economía.

12/2/2018 | 10:28
Luego de los dos nuevos aumentos en la tarifa de la energía eléctrica -uno en enero y otro en febrero-, la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires "hizo punta" encabezando los reclamos que, según afirmó el delegado Ramiro Baguear, le hicieron llegar muchos vecinos, no sólo usuarios particulares sino también comerciantes e industriales, cuya actividad económica se va viendo comprometida.
Por tal motivo, Baguear convocó a una reunión que se realizó el martes en la sede de la Clyfer con la presencia de autoridades de la cooperativa y también de la Municipalidad.
La presencia municipal, en este caso representada por el Secretario General y de Coordinación, Cristian Ford, tuvo que ver con algunos de los ítems que componen la factura que mensualmente emite la Clyfer por consumo de energía, fundamentalmente la Tasa de Alumbrado (que también muestra un incremento significativo) y el Fondo de Obras, que representa un 12 por ciento del consumo total.

TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL GOBIERNO NACIONAL
La larga lista de perjudicados por los abultados y sistemáticos aumentos de tarifas pende siempre del mismo lugar: el Ministerio de Energía de la Nación. Una vez que esa cartera dispone, a través de alguna resolución, un aumento, las distribuidoras mayoristas lo aplican inmediatamente.
Cuando esto ocurre, la Clyfer debe esperar a que el Gobierno Provincial, a través de su Ministerio de Infraestructura, adecue las tarifas a lo dispuesto por la Nación. Esto suele llevar un cierto tiempo, a veces entre uno y dos meses, lapso durante el cual la cooperativa compra la energía cara y la vende barata, perdiendo plata.
La Municipalidad se ve afectada en lo que hace al alumbrado público. Al decir de Ford, el costo del kilowatt se incrementó para este servicio en un 80 por ciento durante 2017, mientras que la tasa subió un 35 por ciento. El funcionario destacó ese "esfuerzo" realizado por la comuna, pero reconoció que el aumento que deben pagar los vecinos "no es poco". Esta situación, igual que la que sufre la Clyfer, también nace de decisiones nacionales sobre las que nada puede hacerse desde Rojas.
También integran la lista los usuarios comerciales, industriales, institucionales y demás, que a la merma de su actividad económica producto de la constante depreciación de los salarios y jubilaciones, como así por la competencia con productos importados sin barreras, deben sumarle incrementos tarifarios más que significativos.
Y finalmente están los usuarios residenciales, las familias, cuyos ingresos siempre van retrasados en relación con los aumentos de tarifas, ya sea que se trate de trabajadores, de jubilados, de cuentapropistas, de profesionales o de productores agropecuarios o industriales.

LA DEFENSORIA TOMA LA POSTA
La idea de la Defensoría del Pueblo es abordar todos los ítems que componen la factura de energía, y es por eso que en la primera reunión convocada participaron tanto la distribuidora local (la Clyfer) como la Municipalidad, responsable de varios de tales elementos.
Las autoridades de la cooperativa explicaron la situación, dado que esa entidad no tiene ningún poder de decisión, ni en el establecimiento de la tarifa ni en el precio de la Tasa de Alumbrado, que está obligada a incluir en la factura. No obstante, sí puede resolver sobre la cuota de capitalización, algo que será objeto de futuras conversaciones.
La Municipalidad, en tanto, brindó también algunas explicaciones y mostró su apertura a continuar las negociaciones en una próxima reunión a la cual, según se estima, concurrirá el Intendente Municipal, Claudio Rossi.
Concretamente, lo que la Defensoría del Pueblo pretende en última instancia es recabar la mayor cantidad de datos posible a fin de iniciar una demanda judicial a nivel provincial, con la presentación de un recurso de amparo. Si bien ya ha recorrido este camino sin éxito en anteriores oportunidades debido a que la justicia falló a favor de los incrementos, los funcionarios estiman que no hay otra vía posible para enfrentar una política tarifaria que ya está produciendo daños severos en el funcionamiento de la economía interna del país, de la provincia y de Rojas.

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