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(Informe Central) La Masacre de Pergamino cuestiona la decisión de alojar presos en comisarías
El reclamo no es nuevo pero vuelve a primer plano luego de la muerte de 7 detenidos en la 1a. de Pergamino, hace dos semanas. El lugar está señalizado como escenario de actos de terrorismo de Estado durante la última dictadura. Mientras, permanece fresco el recuerdo de la fuga de presos armados de la dependencia local, en octubre pasado.

19/3/2017 | 11:20
Que las comisarías no son lugares adecuados para alojar detenidos es algo que todo el mundo sabe, y el reclamo para que cese esa práctica es también permanente, toda vez que a pesar de que las dificultades que acarrea son ampliamente conocidas, los presos siguen ahí.

A principios de mes hubo un episodio lamentable en la Comisaría Primera de Pergamino (un lugar señalizado por haber sido escenario de crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura), cuando por causas que aún están siendo investigadas, murieron siete detenidos que estaban alojados en el sector de calabozos.

Este hecho, que con el correr de las horas adquirió el status de escándalo nacional y fue catalogado por diversos organismos (como la Comisión Provincial por la Memoria) como "la masacre de Pergamino", trajo a colación en nuestra ciudad otro suceso, reciente (de octubre del año pasado), que fue la fuga de presos muy peligrosos y armados de la comisaría local. Tales delincuentes fueron recapturados después de haber cometido un nuevo robo calificado y de disparar en reiteradas oportunidades contra los efectivos que los perseguían.

Tales acontecimientos vuelven a llamar la atención de las autoridades, que son las responsables de evitarlos, y ponen en evidencia la necesidad de revisar la lógica que guía el accionar de nuestro sistema penal, porque es más que probable que la solución no sea construir más cárceles sino usar mejor la infraestructura existente, aportando racionalidad a su funcionamiento y utilización.

LA 1a. DE PERGAMINO, UN LUGAR CON HISTORIA

La Comisaría Primera de Pergamino es uno de los lugares señalizados por haber sido escenario, durante la última dictadura, de crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado. Así lo informa una gran placa colocada en la entrada, donde se explica que "en esta comisaría dependiente de la policía de la provincia de Buenos Aires operó un centro ilegal de detención durante la última dictadura cívico-militar que asaltó los poderes del Estado entre 1976 y 1983. Según consta en testimonios de sobrevivientes, aquí permanecieron secuestrados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. En su mayoría, se trataba de vecinos de Pergamino que fueron víctimas de operaciones represivas comandadas de manera conjunta por fuerzas policiales y militares (...). Como paso previo a otros centros clandestinos de San Nicolás, aquí se detuvo ilegalmente a profesionales, sindicalistas, sacerdotes, estudiantes y obreros, entre otros".

Esa historia de cuarenta años atrás cobra actualidad cuando siete personas mueren dentro de un calabozo de la misma dependencia. Un audio difundido a través de redes sociales, atribuido al Jefe de Bomberos que comandó el operativo de rescate al producirse el incendio, expresa que cuando ingresaron había seis cuerpos carbonizados dentro de un baño, y una persona viva, aplastada debajo de los cadáveres, que no pudo ser rescatada a tiempo y también murió. "Los policías no encontraban la llave cuando los bomberos trataban de ingresar, y por eso murieron todos quemados. Cuando los chicos quisieron ingresar no pudieron, y se murieron todos", se escucha en dicho audio. Todos estos datos están siendo objeto de pericias de las que se encargó a profesionales de la Policía Federal Argentina, ya que la bonaerense fue apartada de la investigación.

LA "MASACRE DE PERGAMINO" SEGUN LA COMISION POR LA MEMORIA

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) responsabilizó al gobierno provincial por las muertes de siete jóvenes privados de su libertad sucedidas el 2 de marzo pasado en la comisaría primera de Pergamino. "Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal largamente denunciada desde la CPM", afirmaron desde el organismo a través de un comunicado.

"El colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo.

Hacen falta reformas institucionales urgentes: democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la policía judicial, creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos", añade el texto.

La CPM exigió al gobierno provincial "ordenar una investigación profunda de los hechos" y a la vez "clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes".

"No es posible hablar de motín intentando de este modo responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas. Por eso, estas muertes son responsabilidad del estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad", afirmaron desde la CPM.

INTERVIENE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

A principios de 2015, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses. Esta presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación.

Según las cifras presentadas en el X informe Anual de la CPM, la superpoblación en comisarías durante el año 2015 alcanzó, en algunos casos, un 500%. La situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000 detenidos.

La situación de los derechos de las personas detenidas en comisarías ha sido analizada por la CIDH a través de distintos mecanismos. En este sentido, en los comunicados de prensa de 21 de junio de 2010 y de 19 de octubre de 2016 -emitidos con posterioridad a las visitas de trabajo por parte de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad a Argentina- la Comisión ha expresado su profunda preocupación por las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de libertad en dichos centros, por considerar que no reunían “las condiciones mínimas para que la detención sea compatible con el derecho a la integridad personal”. Asimismo, mediante las MC 496-14 y MC 37-15, la CIDH otorgó el 12 de mayo de 2016, medidas cautelares a favor de las personas detenidas en seis comisarías en Lomas de Zamora y La Matanza, Argentina.

En particular, la CIDH ha advertido que las personas detenidas permanecen meses en las estaciones de policía, que son concebidas para detenciones transitorias, y que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención; además de que el personal policial no está preparado para cumplir con la función de custodia de detenidos. Considerando lo anterior, la CIDH llama al Estado a adoptar las medidas urgentes y necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas.

Por otra parte, la CIDH urge al Estado a garantizar que la investigación de estos hechos sea conducida con debida diligencia. Los Estados tienen la obligación de conducir investigaciones serias, diligentes e imparciales de hechos que ocurran en centros de privación de libertad donde haya personas que resulten muertas o heridas. Estas investigaciones deben esclarecer los hechos y derivar en sanciones para todas aquellas personas que hayan tenido algún grado de responsabilidad, así como constituir una vía de reparación para las víctimas. Asimismo, la Comisión reitera que los Estados mantienen una posición especial como garantes de los derechos de personas privadas de libertad; y en este contexto, el deber de garantizar implica la adopción de las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos. En este sentido, los Estados tienen el deber de garantizar que los centros de detención cuenten con estructuras adecuadas y seguras, así como con medios idóneos, planes de acción y personal suficiente y capacitado para hacer frente a situaciones de emergencia, tales como los incendios.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

OPINO EL FISCAL GENERAL LUEGO DE LA FUGA DE PRESOS EN ROJAS

A partir del resonante caso de fuga de presos ocurrido en octubre pasado en nuestra ciudad, el Fiscal General, Juan Manuel Mastrorilli, fue consultado sobre los problemas que surgen a partir de la decisión de alojar detenidos en sedes policiales. En esa oportunidad, señalaba el funcionario que "es un problema de larga data, la situación no es la ideal. En varias oportunidades nos hemos reunido con el Ministro de Justicia, o con el de Seguridad, y es una preocupación constante de las autoridades, de las actuales y de las pasadas. Todas las administraciones lo han manifestado, pero es un problema de muy difícil solución por los cupos carcelarios que hay".

"En lo policial, Rojas depende de la Departamental Pergamino, y justamente de esa ciudad es que llegaron esas dos personas a la comisaría. En otras dependencias policiales tenemos presos del Gran Buenos Aires también, porque los cupos no son manejados por la Justicia sino por el Poder Ejecutivo.

El lugar de alojamiento lo dispone un juez, no un fiscal, aunque más allá de eso realizamos recorridas permanentes, visitas a los distintos lugares de detención, viendo la necesidad de arreglos, y demás. Pero es una problemática de muy difícil solución. Los alojamientos en comisarías están al tope, el sistema no aguanta más", dijo después.

Consideró Mastrorilli que "las personas que ya tienen medidas cautelares vigentes deberían estar en establecimientos penitenciarios, pero hay una cuestión de cupos que ni siquiera el Poder Judicial maneja. Muchas veces los jueces ordenan que los detenidos vayan a las cárceles, y eso no se cumplimenta por cuestiones de imposibilidad. Hay un montón de cosas que evaluar, pero la realidad es preocupante, sin ninguna duda".

LAS ULTIMAS NOVEDADES

El caso de los siete muertos en la Comisaría Primera de Pergamino está lejos de haber sido resuelto. En las últimas horas se conocieron amenazas sufridas por el fiscal que investiga el suceso, Nelson Mastorchio. El diario digital pergaminente Primera Plana da cuenta de tales intimidaciones y reproduce algunas declaraciones del funcionario, quien da por tierra con algunas de las afirmaciones difundidas en su momento, como la presunta pelea entre determinados internos y la pérdida de las llaves.

"La persona acusada de violar a la abogada es uno de los sobrevivientes, está en Colón y ya prestó declaración, pero la versión de la pelea entre él y uno de los falecidos (Juan "Noni" Cabrera) es mentira. Si bien es cierto que hubo una pelea inicial, la pelea no origina la muerte de siete personas; el reproche no va a estar ahí. Y no hablemos de la pérdida de llaves; yo tengo probada otra cosa", afirmó Mastorchio entrevistado por Radio Uno de la vecina ciudad.

Las informaciones que estaría manejando el fiscal apuntan a que los 19 presos de la Comisaría Primera estaban en una celda colectiva y, al desencadenarse la pelea, fueron separados y conducidos a diferentes calabozos. En uno de ellos, el N° 1, se produjo el incendio con el desenlace conocido. La carátula actual de la causa, "averiguación de causales de muerte", muy posiblemente sea cambiada en los próximos días por la de un delito grave, según estiman medios pergaminenses.

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