“En total, el gasto en concepto de previsión social en Argentina pasaría de 10% del PBI a 14,5% del PBI sin otra contrapartida que la venta de activos del Estado y el blanqueo de capitales que, se supone, debería ocurrir solo este año”, aseveró un informe realizado desde el Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación (CCC).
Los autores del trabajo encabezados por el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis junto al abogado previsionalista Federico Bobrovsky y los investigadores del CCC Carla Degliantoni y Alex Kodric (CCC), advirtieron que “el aumento del gasto por previsión social sin un flujo genuino de recursos que acompañen este incremento generará un aumento del déficit del sistema que altera la sustentabilidad del sistema en el mediano plazo”.
La ley del Programa Nacional de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” ya obtuvo media sanción en cámara baja y mañana será puesta a consideración en el Senado ante los legisladores de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, Coparticipación Federal de Impuestos y Economía Nacional.
La erogación que prevé el actual proyecto "representará unos de los porcentajes más altos en términos mundiales destinados a tal rubro y, sin duda, plantea un escenario preocupante en materia de sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo”, advirtió el informe.
Expresado en términos de PBI, “el stock retroactivo representa una erogación de 2,5% del PBI (que se pagará 50% inmediatamente y en cuotas lo restante) mientras que el flujo de recursos anuales por recálculo de haberes representará 2% del PBI”.
La simulación del impacto fiscal realizada por el Departamento de Economía del CCC indicó que “el costo del pago de los retroactivos serán de 115.000 millones de pesos, mientras que el costo del haber mensual adicional será de casi 89.000 millones de pesos anuales”
Según estas estimaciones, el costo de la “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” será de 203.000 millones de pesos.
En materia previsional, la ley ”genera un fuerte proceso de desfinanciamiento desde diversos ángulos", aseguró el trabajo.
En ese sentido, se planteó que si bien “se menciona que los recursos que ingresen al Tesoro Nacional gracias al blanqueo de capitales se destinaran íntegramente al financiamiento, y que los mismos serán suficientes” la realidad es que “todas las estimaciones presentadas hasta el momento muestran que dichos ingresos son insuficientes, incluso para cubrir los recursos adicionales de uno de los tres años dictaminados en la Ley”.
