Luego del desalojo compulsivo realizado el lunes de la semana pasada por fuerzas policiales de la región en el lote que había sido ocupado una semana antes detrás del CIC de Progreso, los desalojados instalaron un campamento en la plaza San Martín y allí continuaban ayer. A pesar de que hay buen diálogo con el gobierno municipal, no se vislumbra una resolución rápida del conflicto.
La solución, en un principio, parecía pasar por un acuerdo con el propietario mayoritario del lote de tres hectáreas ubicado en calle Carrasco entre las avenidas 20 de Diciembre y Pellegrini, en el marco de una posibilidad que da la ley de hábitat: el Estado se hace cargo de la determinación de aptitud, la subdivisión, los servicios, etcétera, y luego el dueño cobra con algunos de los lotes cuyo precio ya es sensiblemente mayor gracias a la urbanización.
De esta manera podía llegarse a la solución deseada; sin un desembolso económico significativo el municipio se hacía de una buena cantidad de lotes urbanizados, y luego los vecinos en emergencia habitacional los compraban a la comuna, con planes de pago posibles y adecuados a la realidad de cada familia.
Sin embargo, esta resolución no llegó a buen puerto porque el propietario habría decidido no vender el terreno, y allí las cosas se empantanaron. Las negociaciones entre los vecinos desalojados y el gobierno, en la persona del secretario General y de Coordinación, Cristian Ford, continuaron adelante y ayer hubo una nueva propuesta que consiste en sumar a estos rojenses en emergencia habitacional al listado confeccionado en el año 2016, con posibilidad de acceder a algún lote o vivienda ni bien exista tal alternativa.
OCUPACIÓN Y DESALOJO
El predio en cuestión fue ocupado por las familias sin techo el lunes de la semana pasada. Los vecinos dividieron las seis manzanas en ciento veinte lotes en total, construyeron un comedor comunitario y dieron los primeros pasos hacia la urbanización.
Pero la ocupación duró sólo una semana. Por disposición de la justicia, este lunes pasadas las 4 de la mañana una gran cantidad de efectivos policiales de la Comunal de Rojas, Patrulla Rural y Grupo de Apoyo Departamental (GAD) con sede en Pergamino irrumpió en el terreno, expulsó por la fuerza a los ocupantes y, poco después, una retroexcavadora alquilada derrumbaba las precarias construcciones existentes; algunas pocas, de material; la mayoría, de chapas y palos.
El secretario de Seguridad de la comuna, Miguel Núñez, afirmó que el desalojo se llevó a cabo sin violencia, a pesar de que varios vecinos denunciaron malos tratos, sobre todo hacia los niños. "Entraron a las cuatro de la mañana pateando las carpas y golpearon a mi hijo"; "no dieron aviso de desalojo, entraron con una topadora donde había chicos, mujeres embarazadas..."; "pegaron, nos maltrataron mal"; "lastimaron a los chicos, les pegaron, y ahora se tapan la cara", expresaban los ocupantes expulsados.
El delegado local de la Defensoría del Pueblo, Ramiro Baguear, se interiorizó del tema inmediatamente y, según afirmó, elevó varios informes al organismo provincial por mal desempeño policial.
A LA PLAZA...
Luego de que este lunes fuerzas policiales de toda la región desalojaran el predio ubicado detrás del CIC de Progreso, que había sido ocupado justo una semana antes por unas ciento veinte familias sin techo, hubo varios sucesos encadenados que podrían encaminarse hacia una solución, todavía no se vislumbraba una solución al problema.
En primer término hay que consignar que los desalojados estaban con los ánimos bastante alterados a partir de que el procedimiento policial no habría sido "sin violencia", como se había informado inicialmente en base a las primeras impresiones. Vecinos denunciaron malos tratos, empujones, golpes, e inclusive que no los habrían dejado retirar sus pertenencias antes de que la retroexcavadora arrasara con lo poco que se había construido hasta el momento.
Un suceso que quizás sea meramente una nota de color, pero que en su momento produjo indignación entre las familias desalojadas, fue la viralización a través de las redes sociales de una foto en la que se veía a efectivos policiales tomando mate en el predio, junto a las carpas y con los elementos que habían sido abandonados al ser retirada la gente por la fuerza del lugar.
Las familias se concentraron en principio en una esquina aledaña, y luego de deliberar un rato, decidieron dirigirse a la plaza San Martín y solicitar una audiencia con el intendente Claudio Rossi para exponer la situación y buscar una solución.
La reunión con Rossi se produjo en la misma plaza, ya que el mandatario salió del municipio para dialogar con los vecinos. No obstante, el encuentro no fue productivo en absoluto, ya que todos los ánimos estaban bastante alterados.
Cabe señalar que, a esta altura de los acontecimientos, la entrada a la municipalidad estaba completamente cercada por un numeroso grupo de efectivos del GAD, armados hasta los dientes y, en muchos casos, con la cara tapada.
El delegado local de la Defensoría del Pueblo, Ramiro Baguear, también se hizo presente, escuchó a los vecinos y se interiorizó de las denuncias de malos tratos, ya que una de sus funciones es justamente la de defender a los ciudadanos de la violencia institucional. También actuó en cierta forma como mediador entre las autoridades y los vecinos que reclamaban.
Calmados los ánimos, la situación cambió. Hubo un grupo de vecinos, elegidos por el resto como delegados, que se reunió con las autoridades y, según consideraron luego desde ambos lados del mostrador, hubo coincidencias y se abrió la posibilidad de avanzar hacia una solución.
Tal lo expresado por el secretario General y de Coordinación, Cristian Ford, quien señaló que "me quedé muy conforme con la reunión porque se entendieron las posiciones, y ese entendimiento es el cimiento para empezar a construir la solución".
Las familias desalojadas decidieron permanecer en la plaza hasta tanto sea encontrada una solución, y allí estaban ayer, al cierre de esta edición.
HABLAN LOS VECINOS DESALOJADOS
Los vecinos que el lunes por la mañana fueron desalojados compulsivamente del predio que ocuparon detrás del CIC efectuaron declaraciones sobre la manera en que se realizó el procedimiento, y afirmaron que "nos quedaremos en la plaza hasta que haya una solución".
Uno de estos vecinos, muy escuchado por los demás y participante activo de la organización, se refirió al desalojo señalando que "nosotros estábamos acampando, e ingresaron los uniformados sin dar ninguna notificación para decir que había que desalojar, y entraron con una topadora. Había gente, chicos, mujeres embarazadas, y les pegaron, los maltrataron mal".
"Nosotros desde un principio tratamos de organizar el predio grande para que cada una de las familias tuviera su terreno. Tratamos de actuar como gente civilizada, pero ellos vinieron con una topadora y lastimaron a los chicos, les pegaron, y ahora se tapan la cara. ¿Cómo se puede ser civilizado cuando viene un funcionario del gobierno y nos amenaza diciendo que vamos a ir presos? Nos amenazó a mí y a mi hermano. Cuando lo que hay acá es una cuestión de necesidad, y nosotros no fuimos a usurpar nada porque ese terreno está abandonado desde hace treinta años. Simplemente, somos familias que no tenemos dónde estar", agregó.
Explicó que en el terreno ocupado "cada uno se armó un ranchito precario. Si vas a ver cómo duermen, te dan ganas de llorar; y la municipalidad no te ayuda. Hace cuatro años que estoy acá, viviendo prácticamente en la calle. Esta señora ya tenía una casita de material, con siete chicos adentro; y le tiraron todo. ¿Adónde va a parar ahora? Los chicos estaban durmiendo y le tiraron abajo la puerta a patadas".
"Mirá qué bien que nos organizamos: hicimos un comedor para los chicos, tratamos de darle el sustento a cada familia que dejó sus cosas para priorizar el futuro para sus hijos. Y ellos fueron a tirar todo. Estábamos durmiendo, y entraron por la fuerza a tirar todo", dijo después.
Una mujer que también forma parte del grupo denunció que "entraron a las cuatro de la mañana y empezaron a patear la carpa donde estaba mi hijo, le pegaron".
Otra mujer declaró que "a mí me desalojaron de la escuela 15 vieja; me dijeron que me iban a dar algo, y jamás me dieron nada. Estuve diez días durmiendo en un auto con mi hijo, hasta que Nora Calderone me dijo que me iba a dar una solución y me mandó al hotel Kamao. Pero ahora también ahí hay una orden de desalojo, porque el dueño quiere el hotel, y entonces hay muchas familias en peligro de quedar en la calle.
Por eso estamos acá haciendo el aguante, y nos vamos a quedar en la plaza hasta que se encuentre una solución".
LA PALABRA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
El delegado local de la Defensoría del Pueblo, Ramiro Baguear, siguió de cerca los acontecimientos que el lunes comenzaron con el desalojo compulsivo del predio que ciento veinte familias habían tomado detrás del CIC de Progreso, y continuaban con el "campamento" en la plaza San Martín, que los vecinos aseguraron que no abandonarán "hasta que se encuentre una solución".
Baguear, una de cuyas funciones es monitorizar el respeto a los derechos de los ciudadanos por parte del Estado, actuó como mediador en la reunión que los vecinos mantuvieron con las autoridades, y luego expresó que "acompañamos a los vecinos que estaban en el predio cuando los recibió el intendente y los secretarios de Coordinación, de Desarrollo Social y de Seguridad. Realmente es un tema complejo, preocupante, porque es un problema social. El municipio no cuenta con los medios para dar una solución rápida, de fondo, y por eso le solicitamos que en el corto plazo tome intervención en los casos de mayor urgencia. Hoy tenemos gente que está directamente en situación de calle, y hay que asistirla sin demoras".
"Después, en lo que sería una solución de fondo, se va a enviar una nota en el juez interviniente en la causa, el que pidió el desalojo, ya que en uno de los artículos pidió al municipio que interviniera en mediación con los vecinos para encontrar una solución. Esa solución vendría de la mano de sentar al dueño del predio y negociar una compra, que sería conjunta entre el municipio y las personas que estaban anotadas para tomar esos lotes. Sería una solución de fondo, aunque obviamente va a llevar tiempo", dijo después.
"La realidad es que de parte de la Defensoría la preocupación es grande; son muchas familias, algunas de las cuales ya están en situación de calle, lo cual habla de la crítica situación social que estamos viviendo en este país. Que en una ciudad como Rojas haya semejante cantidad de gente en esta situación es algo que debe llamar la atención de los funcionarios, del gobierno municipal, y esperamos que se pueda llegar a buen término, con una solución de fondo para esta problemática", finalizó diciendo Baguear.
FORD, A MODO DE CONCLUSIÓN
El secretario General y de Coordinación, Cristian Ford, fue quien comandó las negociaciones con el propietario del lote y está en contacto permanente con los vecinos en situación de emergencia habitacional. Las últimas informaciones, de ayer, daban cuenta de la paralización de las negociaciones por la compra del lote, y de una nueva propuesta para tratar de asistir al menos las cuestiones más urgentes.
Ford reconoció que la efervescencia social que se generó en los últimos días debido a la falta de viviendas en Rojas "es una cuenta pendiente de esta gestión. Eso lo reconocemos y por eso seguimos trabajando en este sentido. Hemos dado respuestas a un montón de cosas pero, obviamente, tampoco se puede todo. Recordemos que este es un problema que viene desde hace 6 u 8 años, el de no tener planes de viviendas en Rojas.
Estamos tratando de reactivar estas veinticinco que se habían iniciado, y vamos a seguir trabajando en el tema".