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Justicia lenta: cada vez hay más causas pendientes en las fiscalías bonaerenses
(Por José Giménez y Marien Chaluf, de la redacción de DIB).- Cajas apiladas sin un orden aparente, archiveros repletos acumulándose en estanterías oxidadas, pericias que demoran más de un año, personal acotadísimo...

13/10/2017 | 08:35
(Por José Giménez y Marien Chaluf, de la redacción de DIB).- Cajas apiladas sin un orden aparente, archiveros repletos acumulándose en estanterías oxidadas, pericias que demoran más de un año, personal acotadísimo... Estas son algunas de las postales que marcan el pulso cotidiano de la Justicia penal bonaerense, que hoy por hoy necesitaría 13 meses sin que ingrese ni una sola causa nueva para ponerse completamente al día.

Los números fueron publicados esta semana por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, que presentó un crudo informe sobre el estado de situación de las fiscalías provinciales en el que reconoce que “el incremento en la litigiosidad en los últimos años superó holgadamente el incremento de los recursos asignados para atender la misma”.

Los números hablan por sí solos: la “Tasa de Congestión” (un ranking que compara el número de causas ingresadas a una fiscalía contra las finalizadas en un año) fue del 10,1% en 2016, sufriendo un incremento de dos puntos respecto de 2015 y cuadriplicando los niveles de 2014 (fue del 2,9%).

De acuerdo a estos niveles, la Procuración calcula que, con el ritmo de trabajo actual, las fiscalías necesitarían 13 meses de trabajo para ponerse al día, siempre y cuando no ingrese ni una sola causa nueva. La estadística tiene algunos puntos extremos: la departamental de Lomas de Zamora, que atiende más de 120 mil Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) anuales, necesita más de dos años para completar el trabajo pendiente, tiempo muy similar al que requerirían las fiscalías de Morón.



LAS CAUSAS

A la hora de explicar las razones de esta situación, la fiscal Ana Medina no busca eufemismos: “se trabaja muy mal y tenemos pocos recursos”, asegura. La titular de la UFI 1 de La Plata aseguró a DIB que anualmente recibe cinco mil casos nuevos, que debe afrontar con el trabajo de solo siete personas. “Estamos tapados”, grafica.

En su informe, la Procuración reconoce que la congestión judicial “viene incrementándose desde el año 2010 producto del aumento de la litigiosidad por un lado, y en la demora en la sustanciación de los concursos y las designaciones para la ocupación de vacantes”.

En efecto, el año pasado de los 639 agentes fiscales nombrados en la provincia, 559 se encontraban en funciones. En promedio, cada fiscalía atiende 1.336 IPP por año, aunque algunas escapan por mucho de esa cifra: Moreno-General Rodríguez llegó a atender 3.426 casos, lo que obligó a la Justicia a crear nuevos cargos.

Pero la problemática no se agota en la falta de agentes fiscales: los recursos escasean en todas las áreas. Medina aporta un ejemplo lapidario: “en mi fiscalía se tramitan causas de drogas, y para hacer una pericia de drogas hoy me dan turno para octubre de 2019”, asegura.

Sobre la cuestión de los recursos, el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, explicó a DIB que “la tendencia va a ser siempre a una mayor congestión de causas en fiscalías” porque “los índices de criminalidad no bajan y los recursos no pueden subir”. No obstante, remarcó que “esta situación se solucionaría si la Gobernadora Vidal logra obtener mayores recursos para la Provincia”, en relación al reclamo por el Fondo del Conurbano.

Respecto de esta situación, el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, no consideró “preocupantes” los niveles de congestión judicial, aunque sí reconoció que “el atraso de la justicia y la falta de resolución de casos en tiempo y forma es un tema de prioridad que impacta en la opinión pública” porque “se viola el principio constitucional y convencional de tutela judicial efectiva y acceso a la Justicia”.



SOLUCIONES

La mayoría de los actores del sistema penal coincide en que no es solo con mayores recursos que se aliviaría la situación de las fiscalías. Son necesarias (postulan) nuevas herramientas procesales para evitar la judicialización de conflictos que deberían resolverse en otras instancias.

Así lo consideró el secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Verges, quien señaló que desde su gestión “apuntamos a un plan de racionalización en la resolución de causas”. “Muchas veces la dilación está relacionada en que se sigue pensando en función del esquema: denuncia, investigación, condena o absolución. Pero apuntamos a que el esquema sea denuncia y resolución de conflicto a través de mediación, probation, juicio abreviado, procedimiento de flagrancia, todo lo que es criterio de oportunidad, como acercar a las partes y de última llegar a juicio”, indicó. La fiscal Medina aporta un diagnóstico similar: “hay hechos que se judicializan y de entrada no son delitos”, señala.

Adrián Grassi, número 2 de Gustavo Ferrari en el Ministerio de Justicia bonaerense, coincide en que se debe reforzar el sistema de mediación para descomprimir las fiscalías y juzgados. Y aunque pidió “ser muy cuidadosos” con los casos que llegan a esa instancia, reconoció que el mecanismo “sirvió para descongestionar el sistema judicial limpiándolo de temas menores”.

En ese camino, puso como ejemplo dos reformas en las que trabaja la Provincia: la modificación a la ley de ART, resistida por los gremios al considerar que recortaría derechos laborales; y los cambios a la ley de Procedimiento Penal Juvenil, que unifica las actuaciones de los juzgados de menores para evitar las disparidades que hoy llevan a que algunos jueces tramiten el triple o más causas que sus pares del mismo departamento judicial.



ESTADÍSTICAS DISCUTIDAS

Los fiscales Ana Medina y Álvaro Garganta (titular de la UFI 11 de La Plata) se permitieron relativizar las estadísticas, al sostener que existe cierto “sesgo” y que no contemplan por completo la realidad de sus fiscalías.

“Los números no reflejan la realidad”, considera Medina, quien ejemplifica que “si a alguien le toca estar de turno en diciembre le ingresan unas mil causas en pocos días, y al cierre del ejercicio la estadística muestra un retraso inmenso”.

Garganta, por su parte, indica que la situación de las fiscalías “es un tema más complejo” que el de las meras estadísticas: “si se archivan muchas causas, una fiscalía puede tener un buen índice de congestión, pero es no significa que estemos brindando justicia”, asegura. En esa línea, señala que solucionarle los problemas a la gente significa atrasarse”, y ejemplifica: “la fiscalía con mejor índice de congestión no tiene procesados por delitos”.

Los números parecen darle la razón: en 2016 el 74,4% de las causas cerradas en las fiscalías bonaerenses terminaron archivadas por dos motivos: falta de autores identificados, o de pruebas contundentes para imputarles el delito. Otro 16% termina en la desestimatización de la denuncia. Conclusión: 9 de cada 10 delitos denunciados cada día ante la Justicia termina sin resolverse.

Pese a las críticas, Conte Grand defiende el diagnóstico: “Todo este proceso nos va a permitir avanzar de modo de poder ir revisando y auditando la información que se proporciona y definir un esquema de prioridades de gestión por departamentos judiciales”.

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