(Por Andrés Lavaselli, de la agencia DIB).- La paritaria docente, que en la provincia de Buenos Aires comienzó, amenaza con transformase en una de las más duras de los últimos años y, en consecuencia, en una cuestión política de primera magnitud. Y eso porque al debate previsiblemente áspero en torno a los salarios tras un año de pérdida de su poder adquisitivo, hay que sumar la voluntad del gobierno de María Eugenia Vidal de modificar la lógica profunda de esta negociación, en coincidencia con la eliminación de la instancia de discusión nacional.
El debate sobre el nivel de aumento a los maestros, en realidad, comenzó a darse el jueves en una reunión entre gobernadores oficialistas y opositores moderados. Fue encuentro más significativo de lo que puede parecer, porque marca la voluntad de no retroceder con la eliminación de la paritaria nacional, una instancia que morigeraba desequilibrios regionales y hasta ahora había empujado al alza los sueldos porque establecía un piso para el debate provincial que surgía de una negociación y no de un decreto, como ocurrió ahora.
Como la Nación argumenta que no paga sueldos y por lo tanto no tiene por qué participar de la paritaria, los gobernadores opositores se montaron en esa lógica y pidieron ayuda financiera para poder cerrar los acuerdos. Aunque no se admitió en público, durante el encuentro habría habido una valoración positiva compartida de un incremento salarial del orden del 18% con cláusula gatillo que lo vincule a la inflación. Pero eso no se habría formalizado porque algunas jurisdicciones tienen problemas para llegar a ese monto.
En ese contexto, se entiende mejor la primera jugada del equipo negociador de Vidal, que integran sus ministros de Educación, Trabajo y Economía, Alejandro Finocchiaro, Marcelo Villegas y Hernán Lacunza. Ese tridente planteará a las organizaciones del Frente Gremial Docente una oferta de aumento salarial muy parecida a la que no hicieron pública los gobernadores: el 18% en tres cuotas, con cláusula gatillo atada al nivel de inflación medido por el Indec.
La primera justificación que darán es presupuestaria.
Los salarios docentes, que costaron 80 mil millones de pesos en 2016, son bajos pero la provincia sigue quebrada y no puede pagar más. Dirán además que el piso que Esteban Bullrich decretó para el sector, salario mínimo más 20% (hoy unos 9.600 pesos) acá se cumple, por lo que no requerirán asistencia del Fondo Compensador. Pero eso dejará la puerta abierta a una suba del Fondo de Incentivo Docente, que explica el 10% del sueldo de bolsillo de los maestros. Quizá sea una clave.
Pero el nivel de la oferta, más allá de su justificación económica, revela también objetivos políticos. Por un lado, hacer punta para facilitar el camino a otras provincias en pos de un objetivo central para el todo el oficialismo: limitar los aumentos de sueldos en el marco de la estrategia contra la inflación. Y a la vez, cuidar un capital político que Vidal adquirió a fines del año pasado, cuando cerró exactamente ese mismo esquema con UPCN y dio la primera señal a nivel nacional de que la viabilidad de ese modelo no es una quimera.
Para saber la respuesta de los gremios no es necesario adivinar, basta con escuchar al titular de Suteba, Roberto Baradel, que plantea un incremento del orden del 33 a 35%, bajo el argumento de que el 18% implica en la práctica una baja de los sueldos reales, que según sus cálculos ya perdieron un 6% de su capacidad de compra el año pasado, pese al incremento del orden del 34% promedio acordado con una Vidal recién asumida. Bien lejos de los micrófonos, en el gobierno admiten también una caída, pero no mayor al 1,2%.
¿CAMBIO DE ÉPOCA?
Lo que ofrecerá el gobierno a los docentes para este año se parece bastante a buscar que acepten un “empate” de sus sueldos con la inflación, en el mejor de los casos. Y si de por si no se trata de una oferta que vaya a convencer fácilmente a ningún trabajador, a ese contexto de potencial explosivo hay que sumar la eliminación de la paritaria nacional, por su impacto salarial y porque le quita “rol” a organizaciones combativas supra provinciales, como Ctera. El gobierno apunta otro motivo de pelea: “el año es electoral”, dicen.
En ese plano, en el Ejecutivo se preocupan de las “motivaciones políticas” que le atribuyen a Baradel, a quien en este punto diferencian de Mirta Petrocini, la titular de FEB, el otro gremio docente relevante a la hora de imponer condiciones al gobierno. Recuerdan en este punto que le titular de Suteba dijo hace 15 días en una entrevista que “ojalá que pierda el gobierno” las elecciones de octubre porque “si le va bien, le va mal al pueblo argentino” y están convencidos de que ese objetivo electoral se colará en las conversaciones.
En la mirada sobre Baradel parece latir, claro, el corazón anti político de Cambiemos. Al mismo tiempo, la hipótesis conflictiva que ayuda a sostener abre paso al despliegue de un objetivo de fondo del gobierno de Vidal: cambiar la lógica de negociación histórica con los docentes. En el equipo que se sentará a la mesa con los gremios están convencidos de que el gobierno (este y los demás) son presa desde hace ya varios años de una “extorsión” de esos gremios.
Según entiende el Ejecutivo, el Frente Gremial presiona con las clases y termina siempre obteniendo lo que quiere, las subas de sueldo, y al mismo tiempo bloqueando otras discusiones, como la del presentismo o la calidad educativa. Lo describen así: “en la lógica actual, el Estado es demasiado débil y los gremios demasiado fuertes”. Aseguran, y esto es central, que usarán esta paritaria para intentar empezar a cambiar ese estado de cosas. “No tenemos ningún miedo al conflicto, por más que queramos acordar”, se envalentonan.
Si cumplen con el plan que trazan en sus mesas de arena, el gobierno será inflexible con los descuentos si hay paros. Hay que atender a un detalle: Finocchiaro no retrocedió este año de los descuentos que aplicó a los docentes que se plegaron a los tres días de paro que hubo. Y cuando fue segundo de Bullrich en Ciudad, aplicó de modo tan inflexible el sistema de descuentos que rige allí (es “carísimo, llega a 10% del salario básico) que bajó drásticamente la adhesión a las medidas de fuerza. En la caja de herramientas figura también una declaración de emergencia educativa de contenido aún borroso pero que implicaría suspensión de derechos contenidos en el Estatuto del sector.
Bajo esas coordenadas, es posible que se esté a las puertas de la primer gran batalla política del año electoral en la provincia.