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(ENTREVISTA A SANTIAGO CANTON; DD.HH)Si mandamos a un chico de 14 años a la cárcel, va a salir mucho peor
El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Canton, avaló el plan de Nación para que no ingresen inmigrantes con condenas e hizo un repaso de gestión a un año de haber asumido en su cargo.

5/2/2017 | 19:26
(Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB).- El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Canton, analizó en diálogo con la agencia DIB la situación de los menores, avaló el plan de Nación para que no ingresen inmigrantes con condenas e hizo un repaso de gestión a un año de haber asumido en su cargo. Canton regresó al país tras una larga trayectoria en el exterior. Fue asesor del presidente estadounidense Jimmy Carter, relator para la Libertad de Expresión de las Américas y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 11 años. Crítico con algunos hechos del kirchnerismo en torno a la libertad de prensa, asegura que aceptó ser parte del Gobierno de Vidal por el compromiso que mostró ella con los derechos humanos.

-¿Cuál fue la herencia recibida tras la gestión de Scioli?
-Tengo la suerte de trabajar con una gobernadora que tiene una clara visión política en materia de derechos humanos. En casi todos los temas estamos de acuerdo y si tenemos alguna diferencia, ella lo acepta. El problema que tenía antes la Secretaría era la ausencia de dirección política por parte del gobernador. Daniel Scioli nunca creyó en los derechos humanos y eso queda claro una entrevista que le hace una revista (N. del E. fue Playboy en abril de 1990) donde él justifica lo que pasó durante la dictadura. La ausencia de voluntad política de Scioli llevó a la dificultad de cualquier persona que esté en esta silla a hacer una tarea amplia en derechos humanos. Esa es una gran diferencia con Vidal que cree en los derechos humanos y avanza en esta materia. Antes eran declaraciones sin contenido concreto.

-¿Qué balance hace luego de un año y cuáles son los objetivos de 2017?
-Se continuó con un trabajo que se hacía que es el de las querellas en los juicios de lesa humanidad y hasta se creó una Dirección dentro de la Secretaría. Hay una voluntad de continuar con una política que considero es una marca registrada y un emblema argentino hacia el mundo. Pero estamos ampliando hacia otros temas, como el de la violencia de género. Es una decisión importante ver el tema de la discriminación a la mujer como algo de los derechos humanos. Se trabajó en refugios, en la línea 144 y en tobilleras para los agresores. Debo reconocer que el Patronato de Liberados es una de las deudas pendientes, pero fue una decisión muy importante de Vidal pasarlo a la órbita de Derechos Humanos, porque en los últimos años no se avanzó en nada. Estamos en la etapa de evaluación para que en los próximos meses tengamos una propuesta de cómo se debe trabajar.

-Hay dudas de los organismos con respecto al Gobierno nacional y el impulso de los juicios. ¿La Provincia seguirá adelante?
-Hay un compromiso de la Provincia pero también personal. Yo desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsé todos los casos en América latina. Ha sido una de mis prioridades. No se puede tener una democracia sólida si no se resuelve de manera correcta y con justicia las violaciones a los derechos humanos de lesa humanidad cometidos en el pasado. No hay futuro con un pasado muerto. Este no es un tema del pasado, el pasado es vivo, el pasado es el futuro. Algunos plantean olvidarnos y mirar al futuro, pero así no tenemos futuro.

-Pareciera que el tema Derechos Humanos, al menos en los últimos años, ha tenido mala prensa. Para muchos sectores fueron utilizados por el Gobierno anterior. ¿Cómo lo ve usted?
-Yo no sé si mala prensa. Pero hay una enorme politización y creo que es un error. Hubo además un muy mal manejo internacional en materia de derechos humanos del Gobierno anterior. La politización de alguna manera continúa porque no se ha logrado una visión ajena al mundo político. Los derechos humanos son algo político, pero no político partidario. Ahí hay que marcar la diferencia. Los derechos humanos son derechos: se cumplen o no se cumplen. Yo no hago política con ellos; estamos hablando de la dignidad de las personas. Eso es lo que tratamos de impulsar desde la Secretaría.

-En las últimas semanas se desató una polémica por la baja de la edad de imputabilidad ¿Es válido el debate?
-Yo estoy en contra de bajar la edad de imputabilidad, por varios motivos. Uno más principista basado en una visión científica, que es que el desarrollo cerebral. La edad de imputabilidad está relacionada con la capacidad de una persona de entender la magnitud de sus actos, y eso está relacionado con el desarrollo del cerebro, que en los hombres se extiende hasta entrado los 20 años. Sobre todo el cerebro no está capacitado para frenar los actos; tal vez comprenda pero no puede frenarlo, es impulsivo. Pero desde el punto de vista práctico, la situación no va a mejorar. Lo que tenemos que cambiar es el régimen penal juvenil. Esa discusión hay que tenerla y me parece muy bien que lo haya planteado el ministro Germán Garavano. Pero si mandamos a un chico de 14 años a la cárcel, va a salir mucho peor. En cinco años va a tener ahí la mejor educación para ser un mejor criminal. Las cárceles no son un lugar de rehabilitación.

-La otra discusión que instaló Nación pasa por la inmigración y endurecer los controles. Para algunos sectores eso estigmatiza al extranjero. ¿Qué opina?
-Tenemos que tener cuidado en caer en el etiquetazo. El Gobierno anuncia un plan y automáticamente un sector dice que es un Gobierno contra los derechos humanos. Hay que hacer un análisis más fino y en general la prensa no ayuda mucho. Si uno plantea que no quiere que entre a Argentina personas que tienen una condena en el exterior, yo estoy de acuerdo. No hay un inconveniente a eso desde el punto de vista de derechos humanos. Ahora eso, ¿va a bajar el índice de criminalidad? No creo. La otra es expulsar a los que están condenados y eso se puede hacer, pero hay que respetar el debido proceso. En dos meses, como se pretende, tal vez no se respete, aunque no soy un especialista en derecho. Tampoco hay que esperar cinco años. Pero desde el Gobierno no hay una visión de cerrar las fronteras.

EL CASO MILAGRO SALA
La detención de Milagro Sala divide posiciones dentro de los dirigentes políticos y la sociedad. Para una parte está bien que la líder de la Organización Túpac Amaru esté presa porque cometió delitos de corrupción. Otro sector la considera una presa política porque aún no hay una condena firme sobre esos casos. En el último tiempo tanto desde Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana fueron muy claros en pedir su libertad. En ese sentido, Canton avala la posición de estos organismos.
“Argentina tiene una trayectoria de respetar el orden jurídico internacional. Entonces el Gobierno de Jujuy debería haberla dejado en libertad. Creo que el debate público se ha planteado incorrectamente en la culpabilidad o inocencia de Sala. Yo planteo que hay una decisión de un organismo internacional y hay que cumplirla porque ha habido fallas en el debido proceso. Los organismos no están diciendo que es inocente o culpable. Nosotros decidimos formar parte del orden jurídico internacional, entonces tenemos que cumplir con las decisiones. Sino qué gracia tiene: ¿cumplo sólo cuando me gusta?”, aseguró el secretario de Derechos Humanos bonaerense.

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