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Vidal acaba de completar su apuesta más ambiciosa
El reclamo judicial para recuperar fondos federales para la provincia que podría alcanzar, si fuese concedido, un total de 340 mil millones de pesos y dejar un flujo anual adicional que, a valores actuales, asciende a 48 mil millones, casi el equivalente exacto del déficit más la inversión en obra pública proyectados para 2016.

14/8/2016 | 14:21
(Por Andrés Lavaselli alavaselli@dib.com.ar).- Después de atravesar días complicados por el ruido político, el gobierno de María Eugenia Vidal completó el miércoles su apuesta más ambiciosa: el reclamo judicial para recuperar fondos federales para la provincia que podría alcanzar, si fuese concedido, un total de 340 mil millones de pesos y dejar un flujo anual adicional que, a valores actuales, asciende a 48 mil millones, casi el equivalente exacto del déficit más la inversión en obra pública proyectados para 2016.
Frustrada la primera etapa de su estrategia, que consistía en impulsar el reclamo a través del Congreso de la Nación, Vidal puso en marcha la segunda fase, que es judicial y se formalizó ante la Corte Suprema a través de dos demandas que la gobernadora ordenó presentar al Fiscal de Estado. Pero en su entorno creen que podría haber una tercera: una decisión directa del presidente Mauricio Macri, similar a que tomó con el financiamiento de la Capital Federal a principios de año.

Es que, si por un lado el plan de Vidal es un intento de reparar una inequidad que complicó a administraciones anteriores a la suya y jaqueará a las que la sucedan de no ser reparada, por el otro se trata de una necesidad perentoria, atada al destino electoral inmediato de Cambiemos, que se juega en la provincia de Buenos Aires buena parte del capital político con del que afrontará la segunda parte de su primer ciclo en el gobierno.

Cuando cerca de Vidal tienen que responder sobre cómo creen que terminará todo, razonan así: “el resto de las provincias traba todo en el Congreso y no se sabe cuánto tardaría en fallar la Corte, pero ya hicimos todo lo que podíamos hacer para darle al Presidente los elementos para una decisión propia”. Es decir, creen que lo factible en realidad es que Macri encuentre el formato para restituir el financiamiento sin disparar una crisis con el resto de las provincias.

Claro que el reclamo, tal como fue formulado, es de “máxima”: por la eliminación del tope al Fondo del Conurbano, la provincia pide, a valores de hoy, 48 mil millones de pesos, más un retroactivo por cinco años que suma 250 mil millones, aproximadamente. A eso hay que sumar el retroactivo por fondos no girados de Coparticipación que se presentó tras acordar la devolución del 15% retenido por Nación, que agrega casi 50 mil millones más.

Nadie cree que llegue todo eso, bajo ningún formato. De hecho, en el equipo económico de la gobernadora, donde lamentan que por no demandar antes por el tope de Fondo la provincia cedió derechos por 450 mil millones de pesos, hacen una cuenta “conservadora”: con 48 mil millones “estaríamos bien”, dicen. Y apuestan al Fondo del Conurbano porque generaría un “flujo”, de decir, un monto que se actualizaría año a año. Deslizan, también, que podría llegar en un esquema de restitución a varios años, lo que permitiría igual tomar deuda ya contra esos fondos.

Para dar idea de la implicancia de lo que está en juego, en el gobierno aseguran que equivaldría a una provincia sin déficit y con el quíntuple de la obra pública ejecutada el año pasado con financiamiento asegurado. Su impacto es tan grande que obligó al ministro de Economía, Hernán Lacunza, a duplicar esfuerzos: por estas horas, avanza con dos anteproyectos de Presupuesto 2017, uno que contempla la llegada de parte al menos delos fondos reclamados y otro que no lo hace.

Por cierto, no es el único desafío para ese ministro clave, en una segunda mitad de año que asoma bastante más ajustada que lo que se había previsto de arranque. En principio, Lacunza no descarta tomar el crédito por 6 mil millones de pesos con Anses que le habilita el acuerdo por el 15 por ciento con Nación. También, espera el momento para salir a los mercados por los 20 mil millones de pesos remanentes de la autorización de la Legislatura.

En el horizonte económico inmediato aparece un nuevo desafío: un nuevo aumento para los empleados públicos, en octubre. El gobierno tenía previsto otorgarlo solo a los de administración central, para equipararlos al que acordó con los docentes a principios de año. Pero FEB y SUTEBA, que probablemente la semana próxima vuelvan a los paros, podrían desbaratar ese esquema. U obligar a la provincia a poner más plata para salarios.

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