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Prohibido bajar el gasto público y fuerte endeudamiento federal
La coyuntura es la judicialización de la política, las anécdotas sobre dinero sucio y nada esotéricas visitas a falsos monasterios. O la destrucción de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero más allá de los escandaletes están los temas importantes: 11 provincias ha recurrido a la colocación de papeles que cotizan públicamente para financiarse; el 59% del total corresponde a Provincia de Buenos Aires, y 18% a Ciudad de Buenos Aires. O sea que entre estos 2 distritos tienen el 77% del total. El 23 % restante se reparte entre Neuquén, Córdoba, Chubut, Salta, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Tucumán y Formosa. Conclusión: prohibido disciplinar el gasto público.

10/7/2016 | 16:26
Entre la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el jefe del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, concentran el 77% del endeudamiento total de las provincias argentinas, que si no creció durante los gobiernos kirchneristas fue porque el conflicto con los mercados financieros internacionales les obstaculizó el acceso. Así, el peso de la deuda provincial se ha reducido en los últimos años, ubicándose en US$ 10.000 millones.

Pero ya sin default, en pleno ajuste económico y en vísperas de comenzar una campaña electoral que será crucial en la conformación del poder para el resto del mandato presidencial, “los desequilibrios fiscales provinciales plantean desafíos con respecto a la evolución futura del endeudamiento, sobre todo teniendo en cuenta los incentivos prevalecientes en nuestro régimen federal”, según alerta Walter Agosto, de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

Y alerta que se viene una mayor demanda de fondos frescos que puede derivar en un incremento desmedido de la deuda si no existen reglas claras para su autorización.

En buen romance, los gobernadores necesitan plata que la economía no les genera y para hacer política con la gestión no deciden gastar menos ni mejorar la recaudación. Y encima muchos de ellos se sindicalizaron contra el gobierno nacional para frenar el aumento de las tarifas de los servicios públicos, o sea, para impedir que se descompriman las erogaciones fiscales por el lado de los subsidios.

El problema es que el macrismo no predicó con el ejemplo y sus 2 principales espadas con mandato territorial salieron a endeudarse apenas hubo un mejor clima de los prestamistas hacia el país. ¿Cómo hará para disciplinar al resto?

11 provincias

El gobierno nacional no había terminado de sellar el acuerdo por la deuda con el fondo buitre NML Capital, Aurelius (de Paul Singer), en cumplimiento del fallo del juez Tomas Griesa para levantar el default, cuando Alfonso Prat Gay salió disparado a Nueva York a colocar 2 letras en dólares y un título público en pesos (Bonac 2017), con los que logró reunir US$ 16.500 millones.

Tal como una tromba, corrió detrás el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, con bonos por unos US$ 1.200 millones al 9% anual. Y se plegaron otras jurisdicciones del interior para completar los cerca de US$ 3.400 millones que el economista Matías Tombolini les estimó a las administraciones provinciales en el posdefault.

En el año llevan tomada deuda por US$ 4.600 millones, y con el arrastre que traían de 2015 en dólares, euros y en pesos atada a la evolución del dólar (el llamado dollar linked) ascienda a US$ 10.200 millones, con un saldo pendiente de unos US$ 9.000 millones ya que la mayoría de las emisiones se amortizan al vencimiento.

El grupo de 11 provincias ha recurrido a la colocación de papeles que cotizan públicamente para financiarse: el 59% del monto total, unos US$ 5.600 millones, corresponde a Buenos Aires.

Otro 18% es deuda de Ciudad de Buenos Aires. O sea que entre estos 2 distritos existe una marcada concentración: 77% del total. El 23 % restante se reparte entre Neuquén, Córdoba, Chubut, Salta, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Tucumán y Formosa, según un estudio realizado por NOAnomics, publicado recientemente, en base a datos oficiales informados por las provincias al último período de 2015.

Según NOAnomics, la consultora competidora de Economía & Regiones que fundó el hoy ministro Rogelio Frigerio (nieto), que orienta el ex economista del IIERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea), Félix Piacentini, “descontando la inflación, el stock total de deuda de las provincias -de la que el gobierno nacional es acreedor en más de un tercio- se ha reducido en un 60% desde 2003 a la fecha. Sólo la deuda de CABA es la excepción, porque se acrecentó. En el mismo orden, también disminuyó el peso de los servicios de la deuda: en 2003 los intereses representaban el 4,4% de los Gastos Corrientes mientras que en 2014 llegaban sólo al 1,5%”.

Piacentini observa que las provincias hidrocarburíferas corren con cierta ventaja para conseguir tasa de financiación, al ser muy común que garanticen las operaciones de toma de deuda con el flujo futuro de las regalías por petróleo y gas. Pero que para el resto de los distritos, entre los que está Buenos Aires, “la posibilidad de asegurar un buen trato gira en torno de la disciplina fiscal y la credibilidad del gobierno de turno, conforme a lo que está prometiendo el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, en su presentación a los mercados internacionales."

Los números de cierre en 2015 que pueden exhibir las provincias no ayudan mucho en esa dirección, ya que cerraron con fuerte déficit fiscal, en contraste con el superávit alcanzado en 5 años del periodo de 13 años transcurridos entre 2003 y 2015.

REENDEUDAMIENTO

Consta en un documento redactado por Walter Agosto, investigador principal del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC, en el que alerta al respecto sobre el riesgo de un incremento desmedido de la deuda si no existen reglas claras para su autorización.

“Entre 2003 y 2006 se observan resultados positivos que van perdiendo impulso hasta desaparecer en 2007, año en el que se inicia una etapa de desequilibrios que alcanzan un pico en 2011. Luego se advierte una reducción paulatina del déficit, que en 2014 asciende a solo 0,2% del producto”, reseña.

“No obstante, en 2015 el desequilibrio fiscal provincial reaparece fuertemente en el marco de un extendido e intenso proceso electoral. En este contexto, el gasto provincial registró un crecimiento muy superior al de los ingresos. En algunos casos los incrementos del gasto público rondaron el 60%. Si bien este desequilibrio fiscal de 0,8% del PBI luce acotado en comparación con la situación del sector público nacional -déficit fiscal de 7% del PBI en 2015-, proyecta un escenario deficitario para el corriente año sin perspectivas claras con relación a su financiamiento”, sentencia.

Reprobada la materia fiscal, quedaría en consecuencia la credibilidad que sea capaz de despertar el gobierno nacional para servir de garante a las solicitudes de cada jurisdicción, aunque primero debe mostrar resultados en las propias cuentas fiscales, lo cual al cabo del 1er. semestre no acompañan, ya que los gastos crecieron muy por encima de los recursos y encima el ajuste tarifario para bajar subsidios en el que basaron gran parte de la estrategia para equilibrarlos está fuera del alcance de la Administración.

Aun así, alerta Agosto, “en el nuevo contexto de normalización financiera del país y debido a la elevada presión tributaria y rigidez del gasto público local, buena parte del espacio fiscal de los gobiernos provinciales se limita, al menos en el corto plazo, a la obtención de nuevo financiamiento en los mercados. Varias jurisdicciones ya han emitido deuda, mientras que otras han puesto de manifiesto la intención de acceder a los mercados tanto doméstico como extranjero en los próximos meses”.

La clave entonces se centra en el riesgo país, como marco general, y en el que cada una de las provincias trasunta en sus cuentas.

Para lo cual, recomienda el técnico de CIPPEC, “se torna imprescindible el fortalecimiento de la política de gestión de la deuda subnacional, la definición de un régimen riguroso de transparencia fiscal y un marco regulatorio que, independientemente de su modalidad, sea aplicable en forma coordinada por el Gobierno Nacional y las provincias en un ámbito institucionalizado”.

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