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(Informe Central) Aumentos de combustibles o impuestazo
Según estimaciones del propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, entre 47% y 48% del precio de las naftas es una suma de impuestos nacionales, ingresos brutos provinciales y tasas municipales, mientras que en gasoil la carga tributaria es del 42%.

8/5/2016 | 12:14
Según estimaciones del propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, entre 47% y 48% del precio de las naftas es una suma de impuestos nacionales, ingresos brutos provinciales y tasas municipales, mientras que en gasoil la carga tributaria es del 42%. Por lo tanto, cada vez que aumenta el precio de los combustibles también ocurre un impuestazo, tal como sucede con los ajustes de tarifas, que también tienen una carga impositiva tan inexplicable como la que grava al salario: la estructura tributaria argentina es tan grotesca como el gasto público que financia. Es importante considerar que con el nuevo ajuste de los combustibles, en las próximas horas habrá nuevas remarcaciones en los productos de venta masiva.

El propio ministro describía cuando pertenecía a la oposición: "(...) En concepto de impuestos (impuesto a la transferencia de combustibles (ITC); IVA; la tasa hídrica, impuesto a débitos y créditos bancarios; Ingresos Brutos) el Estado nacional se queda con el 50% del precio minorista del litro de nafta. Una baja en el valor de la nafta implicaría menos recaudación en un momento en el que el déficit fiscal es cada vez más preocupante.

Las provincias petroleras son los otros interesados en sostener el precio argentino de las naftas. El valor local del barril es la variable que fija el monto que cobran de regalías. De bajarse, sus cuentas públicas, ya en rojo, entrarían en zona de riesgo(....)

Por último, la YPF reestatizada es el último eslabón de esta cadena de precios distorsionada. La empresa necesita mantener su facturación en alza para seguir invirtiendo en Vaca Muerta y otros pozos convencionales y así recuperar lo antes posible el autoabastecimiento energético. Una baja de precios en los surtidores sería menos recaudación y también un problema político para el gobierno tras la expropiación a Repsol. La inflación, en paralelo, sube los costos locales para la empresa. (...)"

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