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Tema Vial: La Defensoría del Pueblo le dio la razón a los productores
El dictamen avala la legitimidad del pedido efectuado por las entidades ruralistas, y por eso establece dos recomendaciones dirigidas respectivamente al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante.

13/7/2015 | 11:45
Se conoció en los últimos días el dictamen emitido por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en relación con una presentación realizada por entidades rojenses representativas del sector agropecuario denunciando incumplimiento de lo que consideraron "derechos adquiridos" sobre acceso a la información, publicidad de los actos de gobierno y participación ciudadana, luego de que el HCD, por iniciativa del gobierno municipal, derogara partes sustanciales de la ordenanza 2649/02 que creó la Secretaría Vial y el Consejo de Productores.

El dictamen avala la legitimidad del pedido efectuado por las entidades ruralistas, y por eso establece dos recomendaciones dirigidas respectivamente al Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante.

En su artículo primero, expresa la resolución la recomendación al Departamento Ejecutivo para que "arbitre las medidas necesarias para lograr instancias de diálogo con los vecinos a fin de encontrar una instancia superadora del a controversia planteada, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por los reclamantes vinculados con el derecho a la participación ciudadana".

En su recomendación al Deliberativo, señala la resolución "que, en laa medida de sus posibilidades, evalúe las sugerencias efectuadas por los ciudadanos a fin de replantear posibles modificaciones en la ordenanza promulgada".

El texto está firmado por el doctor Enrique Marcelo Honores, Secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Como se recordará, la presentación efectuada el año pasado mencionaba "la eliminación de los recursos afectados y el control social del consejo municipal de productores sobre la gestión y aplicación de fondos públicos", y consideraba que "de facto el proyecto elimina el presupuesto participativo, pues sin recursos afectados no es posible presupuestar, planear ni controlar, convirtiendo a la participación en un testimonio simbólico y vaciado de contenido que elimina funcionalmente al consejo asesor municipal y a las comisiones rurales al derogar los principios de control social en la gestión y aplicación fondos públicos municipales".

"La procedencia de la presentación, con abundante documentación y en el marco del artículo 55º de la Constitución de la Provincia, en la Secretaría de Derechos y Garantías de la Defensoría con sede en la ciudad de La Plata queda abierta por encontrarse preliminarmente involucrados derechos y principios constitucionales como el acceso a la información, publicidad de los actos de gobierno, participación ciudadana activa que la ordenanza 2649 protege desde 2002 y revestirían el carácter de derechos adquiridos", señalaba la presentación.

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