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(ESPECIAL-DÍA DE LA MEMORIA) Un cambio de Paradigma
(Por Andrés Lavaselli, especial de DIB).- De dictadura militar a dictadura cívico-militar. Esa mutación nominativa, cada vez más consolidada en el país, resume bien uno de los principales avances en la conciencia social acerca del régimen terrorista que gobernó Argentina entre 1976 y 1983: la participación civil en su desarrollo.

24/3/2015 | 14:27
(Por Andrés Lavaselli, especial de DIB).- De dictadura militar a dictadura cívico-militar. Esa mutación nominativa, cada vez más consolidada en el país, resume bien uno de los principales avances en la conciencia social acerca del régimen terrorista que gobernó Argentina entre 1976 y 1983: la participación civil en su desarrollo. Se trata de un cambio que sólo pudo ser posible a partir del juzgamiento de los perpetradores directos de la matanza y que a su vez abre la puerta a una comprensión más profunda de sus causas y, sobre todo, de sus consecuencias.

El proceso de memoria, verdad y justicia en torno a lo ocurrido en los años de plomo, tuvo fluctuaciones. Luego del hito que marcó, en 1985, la condena a los responsables máximos de la aplicación directa del plan de exterminio en el llamado juicio a las juntas, el proceso pareció detenerse ahí, vía la legislación de impunidad que promovieron los gobiernos de Raúl Alfonsín (que había llevado a los comandantes al banquillo de los acusados) y de Carlos Menem.

Pero el escenario cambio con la llegada al poder de Néstor Kirchner, que transitó el camino inverso: impulsó la derogación de esa legislación y, a la vez, la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, en el marco de una política, continuada por la actual Presidenta, que puso a los organismos de derechos humanos y a su lucha histórica y su visión sobre lo ocurrido en los años de plomo en el centro de su dispositivo de legitimación política, que además incluyó a otros sectores sociales con una mirada similar.

Ese impulso explica que en los últimos nueve años se desarrollaran en los tribunales ordinarios argentinos más de 160 procesos por delitos de lesa humanidad, que concluyeron en 563 condenas y 50 absoluciones.

Aunque aún hay 456 expedientes en trámite, con 889 procesados, esos avances comenzaron a plasmar en la práctica un capítulo importante de la demandad de verdad y justicia sobre los años de plomo, y liberó energía social para prestar atención a otro aspecto clave, hasta entonces relegado: la participación civil.

Así, se va abriendo camino una mirada opuesta a cierta interpretación de la dictadura propia de la primavera democrática, que entendía a las juntas como la expresión de un poder exclusivamente militar que había surgido como una respuesta “natural” al desorden en que se había sumido el país tras 20 años de lucha entre las coaliciones financiero-agropecuaria y burguesa-obrera en el marco del “empate hegemónico” que caracterizó el escenario desde el golpe de Estado de 1955 hasta el de 1976, que en cierta medida lo completó.

Contra esa conceptualización, lo distintivo de los últimos años es una comprensión de la dictadura como entramado de poder represivo militar y policial anudado con sectores del mundo civil que lo sostuvieron ideológicamente o incluso fueron clave en la definición de sus políticas más importantes, en cuyo desarrollo ese régimen encuentra su “racionalidad”. Y allí, adquieren una centralidad inocultable actores (personas físicas o institucionales) del ámbito económico, eclesiástico, judicial. Y también los grandes medios de comunicación.

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