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La ley de posnet en la Provincia de Buenos Aires no fue aprobada
Desde la Cámara Argentina de Comercio se realizaron intensas gestiones en favor de las PyMEs, que “resultarían perjudicadas por la normativa”.

21/12/2014 | 08:35
(Informe de la CACIR) - El proyecto de ley que establece la obligatoriedad de habilitación de medios de pago con tarjeta de débito y/o crédito a través de terminales electrónicas de venta perdió vigencia el día jueves en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires , al no llegar a ningún acuerdo por parte de los legisladores bonaerenses.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) realizó intensas gestiones ante múltiples organismos en favor de las PyMEs, que resultarían perjudicadas en caso de que dicha obligación se hubiera aprobado.

En un comunicado de prensa, la Entidad expresó su reconocimiento a aquellos legisladores que comprendieron las razones invocadas para que esta iniciativa no prosperara. En varias oportunidades, la CAC había advertido sobre “el desfinanciamiento que implicaría este sistema para las PyMEs”.

“Muchos de los pequeños comercios de la Provincia de Buenos Aires no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos vinculados con la operatoria de ventas con tarjeta de débito y/o crédito”, aseguró el comunicado.

Y detalló: “En el caso de las tarjetas de crédito, los plazos de pago a las empresas para las operaciones a pagar en cuotas por los consumidores se han extendido, en las principales emisoras, de 48 hs a 18 días hábiles (24 a 26 días corridos). Esto implica un esfuerzo de financiamiento difícil de superar para las PyMEs”.

A dichas razones, la Cámara Argentina de Comercio agregó el traslado que debería hacer para cobrar operaciones aquel comerciante que no cuente con sedes bancarias para tramitar transacciones y el costo de adquisición de las terminales electrónicas.

Finalmente, en su comunicado, la CAC subrayó que “apoya la transparencia y la formalización de las actividades productivas”, pero que “no es facultad del Estado exigir a las empresas utilizar mecanismos de pago que no sean la moneda de curso legal”, y que es “necesario asegurar la libertad de cada empresario para adoptar los medios de cobranza y tecnología que considere más aptos para su actividad”.

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