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Ruralistas expusieron el caso de la Vial ante la Defensoría del Pueblo
“El Secretario General de ese organismo, doctor Marcelo Honores, compartió una reunión de evaluación por más de una hora junto a abogados de la Defensoría a efectos de informar las acciones que están en consideración con relación a la derogación de la ordenanza municipal 2649, aspectos presuntamente irregulares en su trámite de derogación y pedido de informes al Honorable Tribunal de Cuentas”, informaron las entidades.

3/10/2014 | 06:51
Representantes de varias entidades representativas del sector agropecuario local mantuvieron una reunión con el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Marcelo Honores, ante quien expusieron la situación generada luego de que el Concejo Deliberante, por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, derogara los aspectos sustanciales de la ordenanza N° 2649/02 que creó la Secretaría Vial, afectó fondos para su funcionamiento y otorgó a las comisiones rurales amplias facultades de organización y control a través del Consejo Asesor de Productores.

Un comunicado emitido por las entidades tras el encuentro señala que “como parte del trámite de queja ingresado con la firma más de doscientos vecinos de Rojas en el HCD y luego en la Defensoría del Pueblo, el Secretario General de ese organismo, doctor Marcelo Honores, compartió una reunión de evaluación por más de una hora junto a abogados de la Defensoría a efectos de informar las acciones que están en consideración con relación a la derogación de la ordenanza municipal 2649, aspectos presuntamente irregulares en su trámite de derogación y pedido de informes al Honorable Tribunal de Cuentas”.

La información difundida señala que “el origen del conflicto data de 2012, ante diferentes cuestionamientos que desde el Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales de Rojas (CAMPR) efectuaran a la actual gestión municipal. En especial, la falta de informe detallado y completo del uso de recursos públicos afectados, como así presuntos desvíos del destino fijado por la ordenanza municipal 2649/2002 y por las leyes provinciales 13010 y 10342, en el curso de estos años de gestión”.

Asistieron al encuentro representantes de la Rural Rojas (CARBAP), Cooperativa Agropecuaria de Carabelas (CONINAGRO), ex miembros del CAMPR y vecinos rurales, quienes ampliaron documentación a solicitud de la Defensoría, entre ellas actas de sesión del CAMPR relacionadas con el desempeño de la Secretaría de Obras, Servicios Viales Rurales y Ordenamiento Hídrico de Rojas; se analizó el texto de la ordenanza votada por unanimidad por el HCD en 2002, cuando era concejal el actual intendente Martín Caso (Frente Renovador), promotor ahora de la derogación de disposiciones centrales que vaciaron de contenido la ordenanza eliminando recursos afectados, concepto de presupuesto participativo, derecho de acceso a la información, participación ciudadana y control social de la gestión y aplicación de recursos públicos presupuestarios.

Fueron examinados también aspectos polémicos de los fundamentos de la derogación, por ello el requerimiento al Honorable Tribunal de Cuentas, delegación Junín, sobre los fundamentos de dictamen de 2013.

Los ruralistas expusieron ante miembros de la Defensoría sobre el novedoso enfoque municipal de integrar las cuestiones viales con las hídricas adoptado en 2002 (durante la gestión del ex intendente Gustavo Vignali), como también que la labor del CAMPR y de la Secretaría fue recogida en 2004 como una experiencia innovadora por la Subsecretaría para la Modernización del Estado del Gobierno bonaerense (a propuesta de la Dirección de Modernización del Estado de la Municipalidad de Rojas durante la gestión del ex intendente Norberto Aloé).

Los dirigentes afirmaron que “no se trata sólo de daño a intereses privados, sino de daño al interés público, pues los caminos y sistemas hidráulicos posibilitan un mejor uso agrícola de suelos permitiendo mayor producción que a través de caminos rurales llegan a la industria, centros de acopio o transformación, permitiendo en consecuencia mayores recursos públicos fiscales para el Estado Nacional, Provincial y Municipal, para el cumplimiento de sus fines”.

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